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EDITORIAL

Injusticia en el empleo público

Actualizado el 14 de octubre de 2015 a las 12:00 am

Miles de funcionarios, sobre todo del Gobierno Central, no reciben los privilegios concedidos a otros, especialmente a los de las instituciones autónomas

Los funcionarios ajenos a los beneficios exorbitados sufren directamente los efectos del gasto desmedido. El mejor ejemplo es la ley de “enganche” médico

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El debate sobre el empleo público no debe pasar por alto la existencia de miles de funcionarios, sobre todo del Gobierno Central, ayunos de los privilegios concedidos a otros, especialmente los de las instituciones autónomas. No todo empleado público goza de ventajas desmedidas. Por el contrario, muchos se ven obligados a pagar los platos rotos.

Los funcionarios ajenos a los beneficios exorbitados contribuyen con todos los demás costarricenses a financiar los privilegios pero, en su caso, el gasto desmedido tiene efectos más directos. El mejor ejemplo es la ley de “enganche médico”, extendida a todos los profesionales de la salud.

Según el artículo 12 de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, “cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general que no se integren a la base salarial, los profesionales en ciencias médicas tendrán como mínimo un aumento porcentual igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos”.

En consecuencia, el Gobierno debe pensarlo mucho antes de conceder aumentos a los menos favorecidos de la Administración Pública, porque un ajuste salarial para la Policía o los conserjes infla el gasto en salarios, especialmente en la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyas finanzas ya sufren mucho más de lo tolerable.

La crítica al injusto sistema del “enganche médico” no solo viene de los sectores más preocupados por el gasto público. La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) también se ha manifestado contra el encadenamiento establecido entre los salarios de los profesionales en salud y los del Gobierno Central. La protesta responde, precisamente, al efecto depresivo del “enganche” sobre los salarios de la Administración central.

Las consecuencias de la norma también están comprobadas en la práctica. En el 2010, el Gobierno Central elevó el salario de sus empleados al percentil 50 para hacer justicia a funcionarios muy alejados del nivel salarial existente en otras instituciones del Estado, incluida la Caja. Estudios del Servicio Civil demostraban la enorme disparidad, pero la brecha se mantuvo, porque el ajuste obligó a aplicar la ley de incentivos médicos y elevó el salario de los profesionales en salud. La medida, a fin de cuentas, contribuyó a crear la gravísima crisis financiera de la Caja. Ninguna administración puede hacer a un lado esa experiencia al considerar los ajustes salariales de sus funcionarios.

Pero el Gobierno se opone a la aprobación de un proyecto de ley redactado para eliminar el “enganche”. Dice haber resuelto el problema mediante un decreto, pero la ley es clara y el Poder Ejecutivo no puede modificarla por esa vía. El principal desmentido del supuesto “arreglo” son las declaraciones emanadas del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mario Boschini, secretario de conflictos de la agrupación, defendió la subsistencia del “enganche” por si en algún momento se hace un ajuste desmedido en el sector público y los agremiados se ven obligados a exigir una diferenciación, dadas las mayores responsabilidades de su profesión.

En otras palabras, el sindicato de la Caja se constituye en celoso guardián de los ajustes salariales en el Gobierno Central, cuyos funcionarios deben tomar nota de esta novedosa lucha por la “justicia”, de la cual ellos son víctimas. Si se les ajusta el salario, hay riesgo de sumir a la Caja en crisis para compensar a quienes dicen ser sus defensores.

La ley del “enganche” no tiene justificación como compensación del costo de vida o alguna de las demás razones normalmente esgrimidas para exigir un ajuste salarial. Su único objetivo es mantener la brecha entre los salarios del Gobierno Central y los profesionales en salud o, más bien, permitir a estos últimos aprovechar cada oportunidad brindada por el Estado a sus funcionarios más modestos. En las condiciones de la economía nacional, esas oportunidades serán, en consecuencia, escasas.

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