Las presas en las calles de San José no son para nada agradables. La contaminación y la tensión que se vive cuando uno está metido en una de ellas, no es algo que la gente busque por puro gusto. Pero, a mal tiempo, buena cara. Yo, al menos, aprovecho para reflexionar sobre el funcionamiento de la economía (defecto de los economistas). Ahí me doy cuenta de cuánto se parece lo que sucede en las carreteras a lo que ocurre con la economía del país.
La gente tiene el objetivo de llegar de un lugar a otro de la manera más eficiente y con la mayor calidad posible (poco tiempo, bajo gasto de combustible, cero estrés y sin accidentes). La carretera es el medio establecido, en común acuerdo por toda la comunidad, para facilitar el logro de ese objetivo. Para ello, además, se define una serie de reglas básicas para facilitar la convivencia de todos los que quieren usar la carretera: manejar por la izquierda, algunas calles solo tienen un sentido, señales de alto o semáforos en las esquinas.
El Gobierno es la figura escogida por la comunidad para planificar y construir las carreteras requeridas y hacer cumplir las reglas. También está llamado a la creación de externalidades positivas, como el diseño y ordenamiento del transporte público. Eso es, la labor del Gobierno es la de ayudar a la gente a cumplir su objetivo de trasladarse eficientemente. Sin embargo, eso no siempre es así. Muchas veces este se queda corto respecto de la inversión requerida para construir nuevas carreteras o ampliar las existentes. Otras veces, no facilita la implementación de un transporte público eficiente. En otras ocasiones, grupos de interés presionan para que la distribución de los beneficios del accionar del Gobierno no sea pareja para todos. Presionan para que el Gobierno construya una carretera gratis, que los beneficie a ellos más que a otros.
Pero, tal vez, el problema más grave es que el Gobierno no cumple su labor de hacer respetar las reglas establecidas. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien cometer una imprudencia que causa, o casi causa un accidente, sin que el tráfico, presente a 10 metros, haga nada? ¿Y qué hay de quienes, en medio de una presa, crean un segundo o tercer carril (inexistente), para “colarse” en la fila, delante de los que esperan pacientemente su turno?
Si el Gobierno no cumple a cabalidad su labor de construir una red vial adecuada, planificar un sistema de transporte público eficiente, o tan siquiera hacer cumplir las reglas básicas, no parece lógico que se pretenda solucionar el problema de las presas con más regulaciones y restricciones. Ese mismo principio se aplica para la economía, en general. En lugar de más regulaciones, se requiere de un Gobierno eficiente y eficaz.
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