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Actualizado el 20 de febrero de 2017 a las 12:00 am

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Los grupos de presión han quedado notificados: si algún día la Sala Constitucional conoce un recurso que afecta sus intereses, es cuestión de que organicen una protesta masiva frente al Poder Judicial y el magistrado Fernando Cruz no solo se reunirá con ellos, sino que también se comprometerá a emitir un fallo expedito y les pegará una llamadita para mantenerlos al tanto de la sentencia.

En su respuesta a mi columna ( Opinión, 15/2), Cruz dice que no incurrió en ninguna falta ética cuando llamó a un dirigente de los taxistas para informarle que no iba a haber sentencia antes del 2017 en el caso que definiría el futuro de Uber en el país. Lo suyo era un compromiso “excepcional” –dice el letrado– ante dos protestas masivas que hizo el gremio frente a la Corte. ¿Significa esto que la Sala Constitucional hace “excepciones” a los procedimientos con los grupos de presión? ¿Dónde quedaría entonces el principio de trato igualitario ante la ley?

Por más que Cruz lance una cortina de humo acusándome de guiarme por apariencias y caer en insinuaciones infundadas, los hechos son muy claros. Un juez no debe andar llamando a una parte de un caso para informarle sobre el estado de una sentencia. Punto. Todo juez tiene una forma transparente de comunicarse con las partes y es mediante el expediente judicial.

Cruz dice que lo que le comunicó a los taxistas era información pública que constaba en un acta del expediente judicial electrónico. Sin embargo, la constancia del acta aparece incorporada en el expediente hasta el 23 de enero del 2017, horas después de que trascendiera en la prensa la llamada del juez. De tal forma que sí hubo quebranto al debido proceso, ya que, durante casi un mes, el resto de las partes no supieron lo que Cruz, unilateralmente, le había comunicado al representante del gremio afectado.

De igual forma, inquieta que Cruz haya adquirido un compromiso con los taxistas luego de que fueran a protestar al Poder Judicial. Eso constituye un acto político que no corresponde a un juez supuestamente imparcial. ¿Será práctica común de la judicatura que de ahora en adelante los magistrados atiendan a los grupos de presión y adquieran compromisos sobre los tiempos para emitir una sentencia?

Fernando Cruz podrá haber sido eximido por sus colegas cuando votaron en contra de recusarlo de este caso. Pero su imagen de juez probo e imparcial ha quedado irremediablemente mancillada.

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Juan Carlos Hidalgo

Columnista

Analista sobre América Latina en el Cato Institute en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y una Maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University..

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