La gran cantidad de docentes que ganan una plaza en propiedad y luego renuncian a ella dificulta los esfuerzos por reducir la cifra de personal interino en el Ministerio de Educación Pública (MEP), que hoy supera el 43% (más de 31.400 profesionales).
Esta situación se volvió a hacer evidente en la última entrega de 5.700 nombramientos para el curso lectivo 2014, realizada por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) el 26 de noviembre.
Tres días después, el Servicio Civil había recibido más de 80 solicitudes de desestimación de esos nombramientos. Al corte del miércoles la cifra ascendía a 690.
Juan Antonio Gómez, jefe del departamento de Recursos Humanos del MEP, anticipa que al menos 1.200 personas rechazarán su plaza en esta ocasión.
En el último concurso docente realizado en el 2011 (la Sala IV anuló el de año pasado ), el 38% de los 1.820 ganadores de plazas las rechazó.
Las nuevas desestimaciones obligarán al MEP a llenar las vacantes con interinos hasta que se haga el concurso del próximo año. “Representa doblegar esfuerzos de trabajo pues tenemos que correr para hacer prórrogas o nombramientos nuevos para interinos”, explicó Gómez.
Esto sucede a pesar de que el registro de elegibles del Servicio Civil tiene más de 35.000 postulantes para plazas en el MEP.
El director del Servicio Civil, José Joaquín Arguedas, aseguró que un alto porcentaje de las renuncias corresponden a funcionarios que ya tienen propiedad pero que concursan para explorar opciones mejores. Sus calificaciones suelen ser mayores a las de otros postulantes y, por eso, tienen más posibilidades de que les asignen una plaza.
Otros rechazan los puestos por ser en zonas muy alejadas o, en el caso de los educadores de secundaria, porque no les satisface el número de lecciones asignadas.
La directora del Área de Carrera Docente del Servicio Civil, Sandra Quirós, considera que el impedimento para poder hacer nombramientos una vez iniciadas las clases agrava la situación.
“Hay un artículo en la Ley de Carrera Docente que nos hace la vida cuadritos porque dice que una vez iniciado el ciclo lectivo no se pueden nombrar docentes en propiedad, entonces solo tenemos un disparo para romper el meteoro”.
Para el MEP, permitir nombramientos en otras etapas del curso expondría a los estudiantes a una gran inestabilidad.
Excesivo. En la actualidad, cuatro de 10 docentes son interinos, un número desmedido a criterio del experto en Derecho Laboral, Marco Durante.
Algunos de ellos cumplen con sustituir a funcionarios que se incapacitan o se jubilan. Otros están en puestos en los que el MEP no quiere una plaza fija, como ocurre en algunas escuelas unidocentes con baja matrícula o talleres prevocacionales cuyas especialidades cambian con el tiempo.
Según Durante, la figura del “interinazgo” nació para atender situaciones excepcionales y temporales: “Siempre es necesario tener una población interina flotante para cubrir incapacidades y permisos, pero esto terminó por convertirse en la regla. Si alcanza el 40%, algo está mal”.
Esta misma preocupación la había externado el Tercer Informe Estado de la Educación .
Arguedas detalló que los interinatos en las otras 46 instituciones bajo el régimen del Servicio Civil ronda el 10%.
A su criterio, la Ley de Carrera Docente promueve estos “interinazgos” al permitir la participación en los concursos de personas en propiedad.
Pero, Durante advirtió que prohibirles concursar sería inconstitucional, pues tienen derecho a mejorar su condición laboral.
“Me parece que el sistema debería permitir un procedimiento de nombramientos escalonado. Si la persona escogida no admite (acepta la plaza), automáticamente (el puesto) pasa al siguiente (concursante)”, añadió el abogado.
Aunado a esto, Quirós reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de traslados en el MEP.
Antes el manual de procedimientos contenía un artículo que penalizaba con dos años sin poder concursar a quien desestimara un puesto; la disposición fue anulada por la Sala IV en la década pasada.
Juan Antonio Gómez, de Recursos Humanos del MEP, apela a la consciencia de los educadores para evitar ofertas injustificadas o en lugares donde no estarían dispuestos a trabajar, pues podrían quitarle una plaza a un colega.