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Una organización ambiental costarricense solicitó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, que de inmediato se establezca una moratoria para detener la expansión piñera en el país.
Esto, hasta que se tenga claro, mediante pruebas y estudios, que el uso de los agroquímicos en las piñeras no contamina el agua ni ocasiona daños graves al ambiente en general, además de la salud pública.
El solicitante, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena), alegó que esos análisis no existen, a pesar de los temores y la oposición de varios habitantes de zonas aledañas a los sembradíos.
Cedarena planteó su solicitud ayer, durante una audiencia pública en la Comisión. Esta fue respaldada por el acueducto rural limonense de Milano y por el Frente Nacional de Afectados por la Expansión Piñera.
“¿Por qué es que el Gobierno no hace nada y por qué tenemos que pagar por un servicio que nos está dañando la vida? No hay algo que nos compruebe problemas en la salud, pero creemos que sí los hay”, exclamó Xinia Briceño, jerarca del acueducto de Milano.
La audiencia se dio en el periodo ordinario de sesiones 154 de la CIDH y fue un llamado al diálogo, no un juicio contra el Gobierno. En estos casos, las recomendaciones emitidas no son vinculantes.
A esta convocatoria asistió, en representación del Gobierno, la presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga.
¿Por qué la CIDH? Los peticionarios acudieron a la Comisión específicamente para presionar por una solución a la contaminación del agua con agroquímicos que, desde el 2007, impide a 1.140 pobladores de Siquirres, Limón, tener acceso al acueducto.
Desde ese año, los habitantes reciben agua de día de por medio gracias a camiones cisterna. Esta “medida provisional” le ha costado al AyA unos $904.000.
El problema no se ha solventado pese a un mandato de la Sala Constitucional, del 2009, que obligó al Estado a hacerlo. Un estudio de setiembre pasado reveló que la contaminación del acueducto de Milano se mantenía.
Ayer, los quejosos alegaron que se sienten “desprotegidos y minimizados” y que el Estado incumple con su deber de garantizar el acceso al agua, lo cual ha generado conflictos entre comunidades. También reclaman que el Gobierno ha sido “un tanto tolerante” con las firmas piñeras.
Soledad Castro, representante de Cedarena, recordó que Costa Rica es el primer país exportador de piña y que esta crisis de contaminación hídrica se ha dado, sobre todo, en zonas rurales.
El 30% de la población nacional se abastece mediante 1.509 acueductos rurales (Asadas).
Astorga, del AyA, se defendió y aclaró que en ningún momento se abandonó a los afectados en Limón, ya que el abastecimiento con cisterna no ha cesado.
Ella recordó que la entidad construye un acueducto que beneficiará a 7.100 habitantes de los poblados siquirreños El Cairo, La Francia y Luisiana. Ese proyecto tiene un avance del 55%.
Costa Rica registra un 98% de acceso hídrico domiciliar, por lo que, según Astorga, es injusto generalizar a partir de este caso puntual en Limón.
“Resulta impreciso sostener que dicha situación es emblemática. No hay prueba de que eso suceda en otra parte, aunque sí haya situaciones diversas”, dijo.
