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país incumple, un año después, sentencia de CIDH contra el Estado por prohibir técnica para embarazo

Plan para fecundación ‘in vitro’ navegó un año sin puerto fijo

Actualizado el 21 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

Tres proyectos llegaron al Congreso, pero avanzaron poco en cauce legislativo

Procuraduría y ministro justifican atraso; demandantes acuden a la Sala IV

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Plan para fecundación ‘in vitro’ navegó un año sin puerto fijo

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El 5 de setiembre del 2012, se realizó, en la sede de la Corte Interamericana, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, el juicio contra el Estado costarricense por la FIV. | ABELARDO FONSECA / ARCHIVO

Los planes para reactivar en el país la fecundación in vitro (FIV) cumplieron ayer su primer año de naufragio en las agitadas aguas de la política costarricense, desde las cuales no es posible divisar si, finalmente, la técnica médica para lograr embarazos llegará a buen puerto.

Fue hace exactamente 12 meses que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia contra Costa Rica por la prohibición de FIV .

La Corte ya fue informada sobre la situación de las iniciativas de ley y las trabas en la aprobación de al menos una de ellas, informó ayer, por la tarde, la Procuraduría General de la República (PGR), representante del Estado que, a propósito de un año desde la sentencia, debió emitir un informe al respecto.

Dentro de ese documento, que fue entregado la tarde de ayer al alto tribunal, van explicaciones sobre los tres proyectos de ley que manejan los diputados y las razones de por qué ninguno ha sido aprobado, explicó el procurador adjunto, Jorge Oviedo Álvarez.

Uno de esos argumentos fue lo ocurrido el jueves en la Asamblea Legislativa, cuando uno de los planes estaba a punto de ser votado y 12 diputados rompieron el cuórum para evitar el trámite .

La fecundación in vitro fue prohibida aquí en marzo del 2000 por un fallo de la Sala IV. Al año siguiente, 18 personas denunciaron al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó el caso, una década después, a la Corte Interamericana .

Tanto la Comisión como la Corte determinaron que el Estado violó “derechos humanos fundamentales” al prohibir la FIV.

Desmarcaje. Al cumplirse un año de la sentencia contra el país, señalamientos van y vienen de a quién corresponde la responsabilidad de los atrasos o avances.

Carlos Roverssi, ministro de Comunicación, manifestó que el Gobierno cumplió al presentar un proyecto de ley para la FIV y convocarlo en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, así como en hacer el pago de indemnizaciones a los demandantes.

Para el procurador Oviedo, lo ocurrido a lo largo de un año responde a “los cauces constitucionales” por los cuales debe transitar un proyecto polémico, como es revivir la técnica médica para embarazos.

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Esa opinión no la comparten los abogados Hubert May y Boris Molina, defensores de las 18 personas, quienes, en el 2001, llevaron el caso a la Comisión Interamericana.

Ambos dijeron ayer, por separado, que el incumplimiento de la sentencia expone a Costa Rica a un gran desprestigio internacional en materia de derechos humanos.

Molina informó de que ya presentó un recurso de amparo contra el Estado por la tardanza en volver a permitir la FIV.

Su colega May, por su parte, dijo que el martes interpondrá otro recurso, pero enfocado a que sea la propia Sala IV la que avale la fecundación in vitro , bajo el criterio de que el fallo de esa misma instancia –el del 2000– ya quedó sin efecto.

Mientras tanto, el ministro Roverssi aseguró que el Gobierno volverá a insistir con el proyecto de ley al retorno de vacaciones de los diputados; esto es, luego de las elecciones presidenciales del 2 febrero.

En otro ámbito, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicó que ya tiene una química, un microbiólogo y un médico preparándose en el extranjero para aplicar la técnica in vitro , aunque se puntualizó que no se disponía de dinero para crear el laboratorio.

El Estado deberá volver a presentar un informe sobre los avances en la FIV a mediados del 2014, no sin antes conocer qué tendrá que decir la Corte a un año de incumplimiento de la sentencia.

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