Las 16.080 citas con especialistas, 1.207 exámenes diagnósticos y 486 operaciones que se dejaron de hacer en hospitales y áreas de salud de la Caja durante la huelga de finales de abril, empezaron a ser reprogramados.
En promedio, se supone que los asegurados serán atendidos en un plazo que va de uno a tres meses.
Según informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en un boletín de prensa, el hospital Calderón Guardia ya reprogramó para el próximo mes las citas que se perdieron con especialistas el 26 y 27 de abril.
En este hospital josefino, las operaciones que no se hicieron durante la huelga se estarán efectuando también en menos de un mes.
En el hospital México, la dirección general informó de que cada jefatura de servicio tiene la orden de contactar a los pacientes y reprogramar las citas.
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En ese hospital ya se realizaron los procedimientos quirúrgicos que fueron suspendidos durante los dos días de protesta, aseguró la dirección médica. El boletín de prensa no informó cuántos eran.
Seidy Herrera, directora del hospital Enrique Baltodano, en Liberia, explicó que la programación se corrió dos días, por lo que los pacientes afectados durante la huelga ya fueron atendidos.
El Hospital Nacional de Niños será el que más tarde en ver a sus pacientes, pues tiene previsto resolver las citas, exámenes y operaciones suspendidas en un plazo no mayor a los tres meses, según informó la Caja.
En el Max Peralta de Cartago, este proceso se está realizando a un mes plazo.
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Luis Diego Alfaro Fonseca, director del hospital San Francisco de Asís en Grecia (Alajuela), dijo que las citas y cirugías se reprogramaron en ese centro de salud para menos de un mes.
En áreas de salud como la Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás, las citas se están reprogramando para menos de mes y medio. En las áreas de Salud de La Unión (Cartago) y Cañas (Guanacaste) la reprogramación se está realizando en un máximo de un mes.
Un informe de la Caja reveló que esos dos días de huelga le costaron a la institución alrededor de ¢2.800 millones.
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El movimiento fue organizado por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), integrado por unas 54 organizaciones sindicales.
Estas organizaciones se oponen a varios proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa y que pretenden impulsar la reforma fiscal y la evaluación de desempeño de los empleados públicos.
Desde el sábado anterior, Bussco está en asamblea permanente. Anunciaron que si estos proyectos avanzan en el Congreso, están preparados para lanzarse nuevamente a las calles y paralizar servicios como los de salud y educación.