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CCSS cobra atención a embarazadas que no pueden pagar seguro

Actualizado el 16 de febrero de 2017 a las 11:58 am

Defensoría de los Habitantes descubrió centros de salud que niegan exámenes médicos y licencia de maternidad a migrantes en situación irregular

Investigación también revela que Caja suspendió aseguramiento de parientes de privados de libertad, lo cual inclumple convenio con Ministerio de Justicia

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La  Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) niega el aseguramiento por el Estado a embarazadas que no pagan el seguro voluntario. Tampoco les hace exámenes médicos ni les paga la licencia por maternidad a las migrantes en situación irregular, denunció la Defensoría de los Habitantes.

Una investigación de oficio realizada por esa institución, descubrió que los centros de salud de la CCSS imponen condiciones a las embarazadas para darles atención, lo cual pone en riesgo su salud y la del futuro bebé.

Entre esas condiciones, está la emisión de una factura con el costo de los servicios recibidos en aquellos casos en los cuales la mujer no demuestra que tiene seguro. Si no se pagan esos servicios, el centro de salud las clasifica como "morosas".

Según un boletín de prensa de la Defensoría, las mujeres que no pueden pagar ningún tipo de seguro deben recibir control prenatal gratuito y tener acceso al seguro por el Estado.

"La Defensoría comprobó que se ha denegado la realización de exámenes médicos y se ha omitido entregar la licencia de maternidad para el cobro correspondiente a mujeres migrantes trabajadoras, quienes se encuentran empadronadas como trabajadoras asalariadas, por encontrarse en situación migratoria irregular", señala el comunicado.

La investigacion descubrió que los centros de salud solicitan requisitos como certificados de propiedad, cuentas bancarias y testamentos para decidir si se da o no el seguro por el Estado a embarazadas o el beneficio familiar a esposas o compañeras de asegurados directos.

"Para la Defensoría, es importante reiterar que con la denegación del seguro por el Estado a mujeres embarazadas que no pudieron continuar el pago del seguro voluntario o de trabajadora independiente, se dejan de lado los derechos humanos de estas personas, priorizando en el aspecto económico sin tomar en cuenta su situación social y económica; así como el riesgo en que se pone la salud de la madre y del bebé por nacer", menciona el boletín.

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La respuesta que la CCSS dio en su momento a los investigadores de la Defensoría justifica la denegación del seguro por el Estado a las morosas con el pago del seguro voluntario, porque esta es una "modalidad irrenunciable".

"(...)  en los casos en que haya incumplimiento de cotizaciones, deben cobrarse los servicios prestados facturando bajo el concepto de persona asegurada morosa", respondió la Caja.

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"Es necesario que la CCSS se aboque al análisis de las normas referidas a la protección especial de las mujeres embarazadas, el seguro voluntario y la consecuencia de emitir facturas de servicios de atención prenatal a estas mujeres, quienes han indicado a la Defensoría que no asisten a las citas de atención prenatal programadas, por temor a la emisión de esas facturas y ser sujetas de una deuda con esa institución", agrega la Defensoría.

Alrededor de 250.000 personas no están aseguradas, según la CCSS.
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Alrededor de 250.000 personas no están aseguradas, según la CCSS. (Archivo.)

Persistente. En abril del año pasado, La Nación dio a conocer el temor que existía entre algunas mujeres, no solo embarazadas, de acudir a los servicios de atención y ser sancionadas con una deuda.

Según reconoció personal de salud de provincias como Limón, la falta de asistencia a controles básicos podría elevar la incidencia de enfermedades como el cáncer de cérvix o el de mama.

En aquel momento, voceros de la Caja reconocieron el interés de la institución por aumentar la cobertura contributiva (pagando una cuota) como una de las vías para reforzar el financiamiento del Seguro de Salud, a cargo de los riesgos de enfermedad y maternidad.

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Al 2015, se calculaba que había casi 250.000 personas sin ningún tipo de seguro, lo cual equivale a un 5% de toda la población nacional.

Distribución del aseguramiento según la CCSS, para el 2015. (Fiorella Mora)

La gerenta médica de la Caja, María Eugenia Villalta Bonilla, insistió en ese momento en que a la población sin seguro no se le está diciendo que no acuda a los servicios de salud.

De lo que se trata, aseveró Villalta, es de que se aseguren, aunque sea por el Estado, si es que se confirma la necesidad de ese tipo de cobertura.

Esta investigación también descubrió un supuesto incumplimiento de la Caja del convenio firmado en 1993 con el Ministerio de  Justicia, para asegurar a los parientes de privados de libertad.

La oficina de prensa de este ministerio, corroboró que la Caja modificó, unilateralmente, el Manual de Adscripción de Beneficio Familiar en el 2014. Esto dejó excluidos del seguro a los familiares de los reos.

"La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, se ha comprometido a buscar soluciones con las autoridades de la CCSS para que se siga garantizando la protección de los más vulnerables", manifestó la oficina de prensa.

Por ahora, agregaron, se emite un certificado de que la persona está privada de libertad. Esto permite a los familiares hacer la solicitud de seguro por el Estado. Los menores de edad sí tienen seguro. 

La Nación envió una consulta sobre los resultados de esta investigación a la CCSS y se está a la espera de la respuesta.

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Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

Periodista

Periodista de Salud. Máster en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especializada en temas de salud. 

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