EscucharLa atención prenatal a mujeres embarazadas sin documentos, que carezcan de aseguramiento, creó una confusión interna en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El problema surgió en octubre del 2012 con una disposición emitida por el jefe del Área Coberturas del Estado, Eduardo Flores, tras una consulta de la Subárea Financiero Contable.
En el oficio, Flores aseguró que las embarazadas que no portan ningún documento reconocido en el país como identificación (cédula de residencia o pasaporte), no tenían la posibilidad de optar por cuidados prenatales.
“Esto significa que una persona no identificada solo puede acceder a los servicios que brinda la Caja en condición de urgencia o emergencia”, aclara Flores en el oficio.
Por ello, a mediados de abril la Defensoría de los Habitantes envió un comunicado a la CCSS, en el que manifestaba su insatisfacción con esa directriz.
“Preocupa a la Defensoría que la condición de indocumentada de una mujer extranjera embarazada pueda constituirse en una circunstancia que violente derechos fundamentales y humanos de protección a los derechos de las madres, los niños, niñas”, expresó la Defensora de la Mujer, Alejandra Mora, en ese comunicado.
Un criterio legal emitido a finales de abril, a petición de la Gerencia Médica, aclara que la atención prenatal y posparto a las embarazadas indocumentadas que carecen de seguro y no tengan capacidad de pago, correrá por cuenta del Estado.
El 7 de mayo, Flores especificó la directriz emitida previamente, en la cual indica que las mujeres en esta condición pueden ser atendidas en consulta externa para llevar control prenatal, odontología, dermatología y oftalmología, entre otras especialidades médicas.
Dicho oficio cita el criterio de la Dirección Jurídica, que aclara el deber de la institución de dar acceso a los servicios de salud a embarazadas y menores de edad, en acatamiento al Código de la Niñez y la Adolescencia.
Tres días después, el 10 de mayo, la Gerencia Médica dejó sin efecto la directriz.
