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El zafarrancho que protagonizaron miembros del Colegio de Abogados este jueves, y que terminó con una votación para destituir a la junta directiva, cambió de escenario y de tono. Ahora, se dirimirá en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Las supuestas amenazas de muerte, escupitajos, golpes al mobiliario y gritos, denunciados por unos y negados por otros, además pasarán a ser parte de una denuncia ante el Ministerio Público.
La legalidad o ilegalidad de la junta directiva que se nombró por 90 días, para sustituir a la que estaba electa, queda en manos del Juzgado Contencioso. Allí acudieron los directivos destituidos con una solicitud de anulación de la votación.
"A primera hora, presentamos una medida cautelar sumarísima en contra de la decisión ilegal que tomaron personas de autodenominarse directores del Colegio y, además, presentamos un recurso de amparo contra esa reunión", dijo Alvarado.
Tampoco quedó resuelto el fondo del asunto, es decir, el motivo por el cual los abogados se pelearon y se gritaron en la Asamblea General Extraordinaria del jueves, en la que se pretendía analizar una propuesta para crear un fondo de pensiones financiado con el timbre del Colegio de Abogados.
Por un inusual "descuido" de 63 años, las distintas juntas directivas del Colegio de Abogados omitieron aplicar una disposición legal que obligaba a destinar una parte del timbre a un fondo de jubilación.
Según el presidente del Colegio, Froylán Alvarado, se tenía previsto presentar un plan para cumplir con la ley, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso del año 2013, a favor del abogado León Montoya Hernández, quien solicitó la pensión al Colegio de Abogados.
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Se trataba de un sistema de ahorro y jubilación complementaria, según explicó Alvarado, que tenía como fin cumplir con la sentencia del 2013.
Estudios actuariales determinaron que, en caso de generar pensiones con los recursos actuales, estas ni siquiera llegaría a los 10.000 al mes, por lo que se buscó una alternativa.
Según datos del Colegio de Abogados, que tiene 25.000 afiliados, los timbres generarían ¢1.600 millones en el presupuesto 2014-2015.
Según la litigante Anna Heitmann, quien asegura que estuvo en segunda fila de los acontecimientos, los hechos no fueron tan violentos como los recuerda Alvarado.
Heitmann indicó que sí hubo un movimiento para reclamar transparencia a las autoridades del Colegio sobre la fórmula para implementar el fondo de jubilación, pero no mediante amenazas.
La noche del jueves, el abogado Álvaro Sagot aseveró que un grupo pedía que se suspendiera la Asamblea, por lo que el presidente (Alvarado) de forma "colérica e imprudente" dijo que se suspendía la asamblea.
Aún así, Alvarado sostiene que sí hubo violencia y asegura que se respaldará en vídeos para demostrarlo.
Por otra parte, la supuesta nueva junta directiva no da señales de vida ni ha emitido algún comunicado sobre su integración.
