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Plan pierde impulso por demanda y falta de permisos para construir sobre inmuebles históricos

Proyecto de nuevo edificio para Asamblea Legislativa se derrumba

Actualizado el 22 de mayo de 2014 a las 12:00 am

Jerarca de Cultura estima difícil revertir criterios para negar permisos a la obra

Juzgado ordenó al BCR detener pagos a firma de arquitectos que ganó concurso

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La actual sede de la Asamblea Legislativa tiene problemas de hacinamiento, pues alberga no solo a los 57 diputados y sus 330 asesores de confianza, sino también a más de 1.100 funcionarios permanentes del Congreso. Un fideicomiso del BCR destinó $76 millones para hacer un nuevo edificio. | MAYELA LÓPEZ.

El proyecto para la construcción de un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa se derrumba poco a poco por problemas que enfrenta el diseño ganador ante diferentes instancias, sobre todo en lograr los permisos para la obra.

La propuesta vencedora, anunciada en enero del 2013, ha perdido impulso no solo por la falta del visto bueno de autoridades del Ministerio de Cultura para poder construir encima de inmuebles declarados patrimonio nacional, sino también por una demanda presentada por varios arquitectos.

El anterior jerarca de Cultura, Manuel Obregón, había ratificado el criterio negativo del Centro de Conservación del Patrimonio, según el cual el proyecto pone en riesgo tres edificios patrimoniales del Congreso (edificio principal, Casa Rosada y antiguo Colegio Sion) y además opacaría el cuartel Bellavista, sede del Museo Nacional.

La nueva ministra Elizabeth Fonseca ve difícil revertir los criterios de su antecesor y del Centro de Patrimonio.

“Tengo que estudiar ese criterio (...). Realmente no creo posible cambiar de criterio, porque es una opinión sólida. Pero tengo que ver otros elementos”, señaló.

“Tengo que estudiar ese criterio, una vez que tenga los elementos puedo responder. Realmente no creo posible cambiar de criterio, porque es sólido, hay que estudiarlo.” Elizabeth Fonseca, ministra de Cultura.
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“Tengo que estudiar ese criterio, una vez que tenga los elementos puedo responder. Realmente no creo posible cambiar de criterio, porque es sólido, hay que estudiarlo.” Elizabeth Fonseca, ministra de Cultura.

En tribunales. Aparte de la negativa de Cultura, el arquitecto Rodrigo Carazo Ortiz llevó a instancias judiciales la decisión de adjudicar el proyecto a la firma Javier Salinas Arquitectura.

Carazo obtuvo el segundo lugar en el concurso, pero alega que el jurado acomodó los requisitos a favor del diseño presentado por Salinas al Fideicomiso Asamblea Legislativa que, por $76 millones, maneja el Banco de Costa Rica (BCR).

El juez José Martín Conejo, del Tribunal Contencioso-Administrativo, acogió la medida cautelar provisionalísima solicitada por Carazo y ordenó al BCR detener los pagos a Salinas. Sin embargo, tanto el Banco como el arquitecto afirman que la falta de permisos ya había detenido esas transferencias.

Roy Benamburg, gerente de Banca de Inversión del BCR, explicó que ya se han pagado –en etapas iniciales del plan– $3.000.000 (¢1.680.000.000). De esos, Salinas ha recibido $1.382.102 (¢773.977.120).

Benamburg confirmó además que el BCR estudia la posibilidad de establecer un proceso judicial contra el criterio de Patrimonio.

Opciones. Los pasos que analiza la Asamblea Legislativa para seguir adelante con el proyecto dependen de un estudio técnico solicitado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

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El informe sustentaría una iniciativa de ley para eludir la negativa de Patrimonio o, incluso, permitir a la ministra de Cultura girar el permiso, expuso Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso.

El diseño de Salinas contiene dos edificios: uno de 25 metros de alto y 170 de largo que se levantaría encima de la actual sede y que albergaría las oficinas de los 57 legisladores. El segundo inmueble sería la sede del plenario.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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