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El presidente Luis Guillermo Solís afirmó este miércoles que ni en su gobierno ni en los anteriores ha existido corrupción en el pago de pluses a ministros y viceministros que incumplían los requisitos académicos y profesionales para cobrar prohibición.
Insistió en que todo se trata de un enredo. "No es corrupción, es un enredo que tiene que ver con leyes e interpretaciones", dijo el mandatario durante una entrevista en directo en Noticias Columbia, la mañana de este miércoles.
"El enredo que esto produce, cuando se han venido metiendo estos pluses, en donde puede ser que en otro momento atrás hubiese 'mano peluda', es algo que no debemos seguir cargando y, como administración, es algo que debemos aclarar. Pero yo no admito que haya corrupción, no la ha habido, no la hay en esta administración, en esta materia, y no la ha habido tampoco en las anteriores", señaló Solís.
En este momento, Casa Presidencial elabora un informe para determinar cuántos jerarcas recibieron, en los últimos 10 años, el pago por prohibición de forma ilegal.
Durante la Administración Solís Rivera se han evidenciado ocho casos en los que ministros y viceministros recibieron un sobresueldo de 65% de compensación por la prohibición para el ejercicio liberal de su carrera por ostentar el cargo, sin tener el grado académico requerido o sin estar incorporados a su colegio profesional, en los casos en que es obligatorio.
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Según defiende Presidencia, en estos casos los jerarcas no solicitaron el pago, sino que les fue otorgado, tal como se comprobó con Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, a quien el departamento de Recursos Humanos definió, desde el 30 de abril de 2014, que debía recibir la compensación.
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"También hay buena fe. Aquí hay personas que no van a poder devolver la plata que recibieron supuestamente en demasía porque tienen nueve años de trabajar en la administración pública y tendrían que devolver 100 millones de pesos... con interpretaciones legales que lo respaldan", agregó Solís.
"No estoy hablando de corrupción, ni en el pasado ni de ahora. ¿Cómo hace esa gente para devolver esa plata?", continuó durante la entrevista.
Ministro se equivocó al citar a jerarcas anteriores
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, afirmó el martes que cometió un error al mencionar dos supuestos casos similares a los actuales, en dos administraciones anteriores.
El pasado 9 de marzo, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, bajo juramento, Alfaro señaló que los viceministros de Hacienda y de Paz, Rowland Espinosa y Max Loría, respectivamente, y Mayi Antillón, exministra de Economía, recibieron el pago del 65%, sin ser licenciados.
Sin embargo, Alfaro debió corregir el caso de Loría en una nota enviada a dicha comisión, pues reconoció que se trató de un error. "Me equivoqué, dije que era bachillerato en Derecho y yo tengo pleno conocimiento que eso no es así, fue una mala pasada de mi parte", señaló el ministro, tras el Consejo de Gobierno.
Loría es bachiller en Ciencias Políticas y no en Derecho. Además, es agremiado del Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
"En el caso de don Rowland Espinosa, le contesté por la vía que me pidió que se le contestara sobre esos casos, y en relación con el resto de la información, estamos validando información y haciendo un trabajo minucioso", apuntó Alfaro, quien no entró en detalles de su respuesta al exviceministro Espinosa. Este le certificó que sí es miembro del Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pese a que no requiere de esa incorporación para ejercer libremente su carrera.
En la nota que le dirigió Alfaro, facilitada por Espinosa a 'La Nación' este miércoles, el ministro de la Presidencia no corrige lo dicho en la Asamblea Legislativa y se limitó a contestar que consta que se dio el pago del 65% y que dicha declaración ante los diputados no pretende prejuzgar.
Espinosa dijo a La Nación que sospecha que el ministro actúa de mala fe y asegura que, mientras ostentó el cargo de viceministro, cumplió con los requisitos que establece la ley contra la corrupción.
"Durante el anterior gobierno ocupé tres posiciones y en tres oportunidades mi expediente fue revisado y el pago autorizado por tres departamentos de Recursos Humanos de tres diferentes instituciones... en esas tres ocasiones fue determinado con claridad que el pago del 65% de prohibición está apegado a la legalidad y no hay ninguna duda al respecto. En mi caso cumplo plenamente con las tres condiciones señaladas en la ley anticorrupción y en el criterio de la Contraloría General de la República para poder recibir el pago completamente a derecho de manera correcta", señaló el exfuncionario.
El ministro dijo que su declaración en la comisión legislativa lo que planteaba es que existe una diferencia de criterios en la asignación del sobresueldo.
"Se ha entendido en el tiempo que a los ministros y viceministros se les reconoce ese 65% en función del cargo y no de su nivel académico, ¿verdad?, porque no son licenciados (los casos mencionados)", explicó Alfaro ante los diputados en marzo.
Entre los casos del pasado que mencionó el ministro de la Presidencia también se encuentra el de Antillón, pero sobre ese tema no se refirió este martes.
Antillón se había defendido, en un comunicado de prensa del 15 de mayo, en el que indicó que su profesión, bachiller en Ciencias Políticas, no requiere de la incorporación obligatoria al colegio profesional para poder ejercer de forma liberal.
