Los magistrados descartaron este lunes pedirle la renuncia al fiscal general Jorge Chavarría, por una supuesta lentitud en sus actuaciones en torno al caso del cemento chino.
"A la decisión unánime que se llegó es que, por Ley Orgánica del Ministerio Público, esa posibilidad está totalmente excluida. Habría que esperar los resultados del procedimiento disciplinario que el presidente de la Corte (Carlos Chinchilla) solicitó el lunes pasado para determinar, entonces, la procedencia o no de la imposición de alguna medida disciplinaria", explicó el magistrado Román Solís, de la Sala I.
La semana pasada, Carlos Chinchilla le pidió a la Inspección Judicial abrir un procedimiento disciplinario contra Chavarría, luego de que la Corte recibiera quejas en las que se le acusa de incumplir con su trabajo en la resolución de posibles denuncias relacionadas con el caso del cemento chino.
El magistrado Solís explicó que este lunes se analizó el marco legal que rige el nombramiento y la eventual destitución del fiscal general: "No había tanto disconformidad (sobre el accionar de Chavarría), son valoraciones que cada uno de nosotros, los magistrados, podemos tener con relación al manejo de prensa que el mismo señor fiscal ha hecho, pero que eso no amerita una intervención directa en cuanto a una renuncia. La responsabilidad del manejo del Ministerio Público es exclusiva del fiscal general".
El alto juez añadió que el asunto se discutió en una reunión de magistrados, no en una sesión oficial de Corte Plena.
En días pasados, la Corte recibió quejas del diputado Ottón Solís, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), así como de gremios judiciales, sobre el accionar de Jorge Chavarría.
"Dentro de las denuncias que se dirigen hay contenido; don Ottón habla de la cuestión del fiscal general, que no ha hecho su trabajo de la forma correspondiente, también el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales desarrolla temas propios contra la eficiencia del fiscal general", señaló Chinchilla el lunes 18 de setiembre.
Agregó que las denuncias contra Chavarría tienen que ver "genéricamente" con el mismo tema: el del cemento chino. "Me parece que es importante que se aclare. Si lo hacemos con un magistrado, lo hacemos con el fiscal", enfatizó el presidente de la Corte.
Después de esa decisión, el sábado Noticias Monumental publicó que un grupo de magistrados evaluaba la posibilidad de pedirle la renuncia a Chavarría.
Al respecto, la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, afirmó la tarde de este lunes que "hay una inquietud de varias personas" en la Corte sobre la conveniencia de la continuidad de Chavarría al frente de la Fiscalía.
"Es una reunión aparte para conversar sobre varios temas, no está el tema en agenda. No hay ningún acuerdo, no es totalmente cierta la información que se publicó (el sábado), no hay un acuerdo oficial, no hay ninguna reunión secreta, simplemente hay una inquietud de varias personas en ese sentido, y no ha pasado de ser eso", declaró.
Al respecto, mediante un comunicado de prensa, el Poder Judicial informó este lunes de que, en una reunión celebrada el jueves 21 de setiembre, "surgió el tema del fiscal general de la República y la necesidad de obtener las respuestas que reclama insistentemente la ciudadanía".
"La reunión fue convocada por el Presidente ante una solicitud que le realizó el pleno de la Sala Primera, para discutir sobre la elaboración de reglas éticas, aplicables a la Corte Plena. Se convocó a los presidentes de todas las salas de la Corte, y a otros magistrados que han realizado trabajos académicos en esta materia, con el fin de que las mismas pudieran ser discutidas en la reunión programada para el lunes 25 de setiembre", dijo el Poder Judicial.
A la reunión asistieron los magistrados Chinchilla, Carmenmaría Escoto (vicepresidenta de la Corte), Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala Primera; Orlando Aguirre, presidente de la Sala Segunda; Doris Arias, presidenta de la Sala Tercera; Fernando Cruz, presidente a. i. de la Sala Constitucional; y los magistrados Jesús Ramírez, Nancy Hernández, Paul Rueda, Rocío Rojas, Román Solís y William Molinari.
Los casos bajo la mira. Los gremios judiciales y varios diputados, cuestionan el accionar de Chavarría y el Ministerio Público en cuanto a lo acontece en el Banco de Costa Rica (BCR) con el otorgamiento de préstamos y en específico, dos líneas de crédito, por un total de $30 millones, dadas a la firma Sinocem, del empresario Juan Carlos Bolaños, para importar cemento desde China.
La Fiscalía investiga ocho casos relacionados con supuestas anomalías en el otorgamiento de esos préstamos y por por sospechas de tráfico de influencias, debido a la cercanía de Bolaños con jerarcas del BCR y diputados y dirigentes de varios partidos políticos.
Por ejemplo, el Ministerio Público está a la espera de un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para determinar si en los préstamos a Sinocem se cumplió con lo que establece la ley.
En participar, se analiza una reforma que le permitió a Bolaños utilizar póliza de caución de una aseguradora privadas, como garantía para obtener los créditos. Ese cambio se aprobó días antes de los otorgamiento del financiamiento a Sinocem.
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Sobre las líneas de crédito también se indaga el hecho de que $7,5 millones de ese financiamiento fueron desviados a cuentas del grupo empresarial de Bolaños en los bancos Cathay y Nacional, después de que el BCR los giró al proveedor de cemento en Hong Kong, de nombre Sinobuilding Materials.
El Ministerio Público además indaga las vacaciones que el diputado Víctor Morales Zapata, hasta hace unos días del PAC, tuvo a finales del 2015, gestionados por una persona que figura como director en cuatro sociedades de Bolaños.
También, está bajo la lupa de los fiscales el crédito de $32,7 millones concedido a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para la compra de una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim. Esa transacción se hizo en el bufete en el que trabaja uno de los directivos del BCR, Alberto Raven Odio, quien también era fiscal de Holcim y dueño de una sociedad que participó en la compraventa.
Además, se investiga un depósito de ¢4 millones, procedente de una cuenta de Crhoy S. A. en el banco BCT a una cuenta de una sociedad del directivo del BCR, Francisco Molina. A estos casos se suman otros relacionados con el ex subgerente del Banco de Costa Rica, Guillermo Quesada; y otro préstamo de $65 millones para una sociedad llamada Los Sueños Marriott S. R. L.