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El 2 de marzo el presidente de la República, Luis GuillermoSolís, juramentó al grupo de interventores de Infocoop, entre ellos se encontraba la exdirectiva de Bancrédito, Nidia Solano (azul). (Casa Presidencial )
Una de las miembras de la junta interventora del Infocoop forma parte de los 10 exdirectivos de Bancrédito investigados por supuestas irregularidades en la aprobación de un crédito por $800.000 en el 2010.
En ese año, Nidia Solano Brenes formaba parte de la junta directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago, puesto en el que se mantuvo hasta el 2014.
Apenas el 2 de marzo pasado, Solano Brenes fue juramentada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, como parte de la junta interventora del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) para enderezar la situación en esa entidad.
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La exfuncionaria de Bancrédito alega que desconocía la investigación del Ministerio Público y dijo que se enteró cuando La Nación publicó la información sobre la pesquisa en su edición de este miércoles 31 de mayo.
"Me informaron ustedes (La Nación), lo que sé es lo que ustedes me informaron, me parece extraño porque los directivos de Bancrédito, en mi caso, no aprobábamos créditos, no, o sea, no teníamos un conocimiento previo, nos dimos cuenta al final por el informe de la Auditoría", dijo Solano la noche de este miércoles a este medio.
Solano insistió en que las solicitudes de crédito eran conocidas por una comisión específica, y que los directivos no tomaban parte de la discusión.
El Ministerio Público investiga las acciones de Solano y el resto de la junta directiva del Banco –compuesta por Enrique Rivera Bianchini, Álvaro Dengo Solera, Hugo Garita Sánchez, Julio Sánchez Madriz, Clara Isabel Castro Castro y Thelvin Cabezas Garita–, en el trámite del crédito en el cual Bancrédito habría asumido la garantía.
La investigación, confirmada por el fiscal general, Jorge Chavarría, este martes, tiene en la mira al exgerente del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) Guillermo Quesada Oviedo por, supuestamente, usar su influencia para que se otorgara un aval bancario al consorcio Alfa Maik Delta S. A. y Tecnología de Fibra Óptica S. A. para que obtuviera una licitación con la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
Tanto a Quesada como a los directivos, la Fiscalía les atribuye supuestamente haber quebrantado la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La empresa Alfa Maik está ligada con hermanos de Thelvin Cabezas Garita, entonces presidente de la junta directiva del Bancrédito, dijo el fiscal general.
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Nidia Solano dijo que los señalamientos de la Fiscalía la toman por sorpresa, al punto de que aún no se ha asegurado una asesoría legal para el caso, y advirtió que, de momento, seguirá presentándose en las reuniones de la junta interventora.
Por su parte, el coordinador de la intervención en Infocoop, el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, dijo desconocer que Solano fuera objeto de investigación, y aseguró que no tenían conocimiento de ninguna irregularidad de la exdirectiva en su paso por Bancrédito.
La investigación llega en momentos en que el Poder Ejecutivo lleva a cabo un cambio en el modelo de negocios de Bancrédito, en vista de la crisis financiera que enfrenta.
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Un voto de apoyo a Infocoop
Luego de su paso por Bancrédito, Solano quedó al margen de la actividad pública, y no fue hasta marzo de este año que aceptó oficialmente la petición del Poder Ejecutivo de formar parte de la junta interventora que pretende ordenar el caos financiero y administrativo de Infocoop.
Solano aseguró que su trabajo siempre ha sido de buena fe, en procura, primero, del fortalecimiento del Bancrédito y luego de mejorar la situación de Infocoop.
"La junta interventora implica una función que es ad honorem, que se hace por mejorar el sector cooperativo, que me ha costado mucho tiempo y esfuerzo y donde se ha logrado muchísimo, hemos hecho control interno, hemos implementado una unidad de riesgo, hemos construido modelos para seguridad de crédito", enumeró Solano.
Chavarría explicó que el delito por el que se la investiga impone una pena de dos a ocho años de prisión.
