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San José
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) avaló este martes el acuerdo conciliatorio que el Gobierno de Costa Rica alcanzó con las parejas perjudicadas por la prohibición de la fecundación in vitro (FIV), impuesta por la Sala IV en el año 2000 y el 2015.
Producto del arreglo, que se concretó el 8 de diciembre pasado, cada una de las seis parejas que demandaron al Estado por no permitirles optar por la fecundación asistida para tener hijos, recibirá una indemnización de ¢28 millones ($50.000).
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El acuerdo zanjó un extenso litigio que escaló hasta la propia Corte IDH, la cual condenó a Costa Rica en un primer juicio, el 28 de noviembre del 2012, fecha en la que le ordenó al Estado crear la normativa que permitiera la aplicación de la técnica.
Fue hasta el 2015 cuando el presidente Luis Guillermo Solís firmó el decreto para aplicar la FIV.
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Empero, el 16 de enero del año en curso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la segunda demanda contra Costa Rica ante la Corte IDH por no permitir la FIV pese a su primer fallo.
La conciliación homologada por la Corte este 20 de diciembre evitó la realización del segundo juicio.
"El acuerdo de arreglo amistoso suscrito entre el representante a nombre de las víctimas (el abogado Hubert May) y el Estado ha sido homologado por la presente sentencia", indicó la Corte al Estado costarricense.
A principios de mes, May explicó que la indemnización para los seis matrimonios se reconoce porque, cuando se legalizó la FIV en Costa Rica, ya no tenían la edad para aprovechar la técnica de la FIV.
Las seis parejas que interpusieron la segunda demanda contra Costa Rica tienen en la actualidad entre 43 y 50 años.
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Además del pago a las parejas, el acuerdo el reconocimiento de la transgresión a los derechos humanos de las víctimas y del daño causado por la inacción del Estado antes de la regulación de la FIV, así como aceptar la legitimidad del decreto que regula la FIV, la trasferencia de embriones y la necesidad de que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) brinde ese servicio a los asegurados.
Asimismo, el pacto que reconoció la Corte IDH incluye un pago de costas a los abogados por $15.000 y propiciar un debate "amplio y participativo" sobre la maternidad subrogada, que son las "madres de alquiler".
El director jurídico de la Casa Presidencial, Marvin Carvajal, quien fue uno de los agentes del Estado en este proceso, informó de que sobre este último punto no hubo ningún acuerdo.
Agregó que el Estado, en este caso, siempre mantuvo una posición de respeto hacia la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
"La decisión de la Corte IDH pone fin al litigio interpuesto por estas personas (seis parejas) en contra del Estado costarricense y se da un punto final a este tema. Este acuerdo se da a partir de una serie de sesiones de trabajo que hemos tenido los representantes del Estado, de la Presidencia de la República y la Cancillería, con el representante legal de las víctimas. Podemos exaltar el espíritu de llegar a una conciliación", dijo Carvajal.
