El nuevo puerto granelero construido en Caldera, Puntarenas, quedó listo en noviembre y se iba a inaugurar el 18 de diciembre, pero aún no entra en operación por un papeleo en Incop.
El atraso se debe a que el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) debe dar el visto bueno a la obra de $34 millones y aprobar las nuevas tarifas.
Sin embargo, la entidad quedó acéfala en diciembre por la renuncia de Jorge Luis Loría Núñez, y no fue sino hasta el martes 27 de enero cuando se nombró en el cargo a Lianette Medina Zamora.
“Estábamos muy pendientes de la selección (del jerarca de Incop). El puerto está listo para operar desde el año pasado, pero dependemos del Incop para comenzar el trabajo”, confirmó Emilio Vargas, vocero de la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), concesionaria del muelle.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, explicó que la designación de la nueva jerarca se complicó y consideró “lamentable” que eso afectara el uso del puerto.
Este muelle es una obra que ha esperado por ocho años y se atrasó, entre otros, por objeciones de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) ante la Sala Constitucional. El alegato principal fue daño ambiental.
La demora les pasó la factura a los costarricenses que consumen maíz, soya, carbonato de sodio, yeso y carbón mineral, entre otros, que al final suman 2,5 millones de toneladas por año.
Ello, porque hoy las naves esperan hasta cinco días para ser descargadas, y el cobro de $30.000 diarios se traslada al consumidor final. Con esta terminal, la duración será menor dado que permite no solo descongestionar el puerto, sino que facilita el atraque de barcos más grandes.
El muelle tiene una extensión de 180 metros y 13 metros de profundidad, un puente de acceso de 160 metros y un área de planta de 6.000 metros cuadrados. Dado que la losa resiste 6 toneladas por metro cuadrado, su uso es multipropósito; es decir, allí se podrá manejar carga general y contenedores. Su entrada en operación implicará un aumento de 150 personas en la planilla de la firma.
Alto costo. Para Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara de Industria Alimentaria (Cacia), el atraso en el estreno de la obra va más allá de lamentos.
“Este tipo de atrasos no solo tienen un costo para las industrias usuarias del puerto, sino para los que consumen alimentos que se elaboran a partir de las materias primas que se importan utilizando esa infraestructura”.
Explicó que el efecto directo se da porque las empresas usuarias y los fabricantes de alimentos dejan de percibir los ahorros y la eficiencia que se generará con los nuevos puestos de atraque.
También cree que habrá efectos de largo plazo sobre los costos de producción, los cuales afectan el precio final de los alimentos.
