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Entrevista

Trabaja por el ambiente, pero con un machete sin filo

Actualizado el 06 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

Aunque fungía como juez desde 2008, José Luis Vargas decidió tomar las riendas del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y así, desde octubre, se convirtió en su presidente.

José Luis Vargas Tribunal Ambiental Administrativo

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José Luis Vargas es uno de los tres jueces titulares del Tribunal Ambiental Administrativo y ahora es su presidente. | MARCELA BERTOZZI

Desde el 2008, el juez José Luis Vargas observa la misma escena cuando hay audiencia en el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), lugar donde se analizan los casos de daño ecológico.

Mientras un equipo de abogados representa al inversionista que presuntamente cometió la falta, el funcionario del Ministerio de Ambiente (Minae) que interpuso la denuncia llega solo.

“Viene sin abogado, porque el Minae casi no tiene abogados. Entonces, este funcionario llega a debatir con tres abogados expertos en derecho ambiental que tienen el dinero para contratar estudios y pruebas de laboratorio. Uno, como juez, tiene que escuchar a ambos”, dijo Vargas.

Desde la presidencia del TAA, Vargas espera revertir esa situación, al menos en la instancia donde trabaja, la cual no está exenta de carencias para dar trámite a las denuncias.

Con los recursos actuales, el TAA está en capacidad de emitir 1.300 resoluciones por año.

Sin embargo, los cuatro abogados y los cuatro técnicos (dos biólogos, un ingeniero forestal y una biotecnóloga) deben atender más de 3.000 expedientes relacionados con casos de tala, invasión a zonas de protección y contaminación, entre otros temas.

Para poder tramitar esos 3.000 expedientes, el TAA necesitaría diez abogados y más personal técnico de apoyo a su labor.

“Hemos luchado para que nos den personal, pero no hay interés”, comentó el juez.

Según Vargas, el TAA tiene presupuestadas dos plazas para abogados desde 2009, pero estas no llegan.

¿Cuáles son las infracciones ambientales más recurrentes?

Es increíble la destrucción que se está dando en los bosques, sin importar que sea primario o zona de protección. Se perdió el control que llevaba la institución en esas zonas a falta de recurso humano y por la existencia de una mafia organizada de madereros. San Carlos es una de las zonas más complicadas por la tala de almendro junto con la península de Osa y Limón.

”Nos preocupa también la invasión de las zonas de protección donde la Gran Área Metropolitana (GAM) ha sido un ejemplo negativo que siguen las áreas rurales. Como no hay recurso humano para ir a hacer esa inspección a pesar de que se denuncia, entonces la gente termina las construcciones y al final no pasa nada.

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”Lo otro es la contaminación de los ríos y cuerpos de agua. No solo por la descarga de sustancias contaminantes sino por la sedimentación derivada de la corta de los bosques. Hemos parado más de 80 proyectos en Osa, la mayoría de inversionistas extranjeros.

”¿Cuál es el problema? Las municipalidades no tienen planes reguladores y han sido renuentes a implementarlos. Al no existir plan regulador, la gente hace las cosas como le venga en gana”.

Estos infractores, ¿consideran el costo ambiental del daño como parte del capital necesario para la inversión?

Siempre lo hacen. Por eso, procuramos que cuando nos presentan las denuncias, los funcionarios de las áreas de conservación hagan la valoración del daño ambiental lo más pronto posible y llamamos a conciliación.

”Si esa plata va a caja única del Estado, se pierde; pero si se llega a un acuerdo con el denunciado, ese dinero de la valoración de daño ambiental se puede invertir en la misma área de conservación para comprar carros, GPS, computadoras y otro equipo que se necesite.

”Como juez, lo que hago es una homologación del acuerdo que viene amparada en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.

”Ese acuerdo entre las partes sirve para fortalecer a nivel local y ha dado muy buenos resultados. Así empezamos a fortalecerlos para que puedan trabajar en la parte de inspección de campo.

”En la GAM también ayudamos al Ministerio de Salud y a otras instituciones para que reciban vehículos que ahora no tienen y así fortalecerlos.

”Además, estamos obligando a las personas que hicieron el daño a repararlo”.

¿Y eso no se ve como alcahuetería con el infractor?

No, porque además de que tiene que indemnizar al Estado por el daño causado, tiene que hacer los planes de remediación.

”Además de pagar en efectivo sumas muy altas, se ven obligados a hacer planes de reforestación con ingenieros forestales por un plazo de cinco años para garantizar que los árboles puedan mantenerse solos.

”Si bien no es lo ideal, le aseguro que esa persona no vuelve a hacer un daño porque son indemnizaciones millonarias. A la fecha, no tenemos recurrentes”.

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Michelle Soto M.

msoto@nacion.com

Periodista de Ambiente

Redactora en la sección Aldea Global. Periodista graduada en la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre temas ambientales. Recibió los premios Innovación para el Desarrollo Sostenible (2011) y Periodismo Agrícola y Desarrollo Rural (2012).

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