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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó un alza del 18,82% en la tarifa general de electricidad para el 2018. El pedido llega en momentos en que decaen sus ventas de energía y crece su gasto en el pago de deudas, la mayoría en dólares.
La solicitud ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se tramita bajo el expediente ET-064 desde el 28 de setiembre pasado y aún está en etapa de admisibilidad.
En el 2016, el ICE había solicitado otro aumento de un 9,75%.
Con el incremento solicitado este año, la empresa pública espera generar un ingreso de ¢62.704 millones para atender gastos operativos y enfrentar obligaciones financieras principalmente por deudas.
Si la Aresep aprueba el aumento, este impactará sobre todo el bolsillo de los hogares. En Costa Rica, los clientes residenciales constituyen el 87% de todos de abonados al Sistema Eléctrico Nacional. El 13% restante son usuarios comerciales, industriales e instalaciones con necesidades de voltaje distintas.
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Ese 87% de abonados residenciales equivale a 1.484.000 de hogares a diciembre del 2016, según estadísticas de la Aresep. Este sector consumió 3.679 gigavatios de electricidad el año anterior; 40% del consumo nacional ese año.
Para una familia cliente del ICE que hoy consuma 120 kWh al mes, el recibo mensual pasaría de ¢9.400 a ¢10.600 por la misma energía; un adicional de ¢1.200.
Para estos abonados, el ICE propone que en el 2018 el bloque mínimo de consumo de 0 a 40 kilovatios - hora (kWh) pase de costar ¢3.100 a ¢3.500 (¢400 más).
En el bloque de 41 a 200 kWh, el precio de cada kilovatio adicional pasaría de ¢77,9 hoy a ¢88,38 (¢10,48 más) y el kilovatio subiría de ¢140,4 a ¢159,26 (¢18,86) en consumos por encima de 200 kWh.
El ICE argumenta que esta alza también le permitirá costear "el efecto de los incrementos de los sistemas de generación y transmisión".
En el 2016, el Instituto estimó que las demandas en el consumo de energía para los años 2017 y el 2018 serían de 3,5% y 3,1% respectivamente según indica su solicitud de ajuste en generación (costo de producir la electricidad) qie tramitó bajo el expediente ET-058-2016 de ese año.
En la solicitud de este año (expediente ET-063-2017) no figura en la justificación del aumento estimaciones de demanda en futuros años. Sin embargo, las estimaciones de demanda previstas por el ICE constratan con la realidad.
Según datos del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE), el crecimiento del consumo eléctrico este año ha sido de solo 0,38% a agosto pasado. Esto coincide con la caída en la venta de energía que enfrenta el Instituto.
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Deudas más caída en ventas
El ICE registró una pérdida contable de ¢65.596 millones al segundo trimestre del año según sus últimos estados financieros. El resultado se deriva principalmente del pago de préstamos con los cuales financió obras y menos ingreso por venta de electricidad.
Se trata de una diferencia de ¢39.890 millones (155% más) respecto a junio de 2016 cuando reportó una pérdida de ¢25.706 millones.
El Grupo ICE, integrado por el ICE y sus tres subsidiarias, dejó de percibir ¢30.484 millones por ventas de energía entre junio del 2016 y junio de este año. La entrada de efectivo por esa actividad pasó de ¢409.159 millones a ¢378.675 millones (7,4% menos).
En el negocio de telecomunicaciones, entre tanto, su desempeño mejoró al cerrar en ¢292.885 millones respecto a los ¢283.209 millones a junio del año pasado; un repunte interanual de ¢9.676 millones (3,4% más).
Sin embargo, la mejora allí resultó insuficiente para compensar su ejecución en el sector de electricidad la cual representa 56% de la generación de ganancias del Grupo.
El balance de ambos sectores refleja así una caída en el ingreso total por ¢20.474 millones en el período analizado que cerró en ¢692.377 millones en el 2016 respecto a los ¢671.903 millones a junio de este año.
El pago ligado a deudas alcanzó los ¢85.231 millones a junio pasado (en junio de 2016 pagó ¢60.693 millones); una variación de ¢24.538 millones.
Solo por el negocio de energía, el Instituto acumula una deuda en dólares por arrendamientos financieros que asciende a $1.580 millones (alrededor de ¢905.340 millones) indican sus estados financieros.
De esa deuda, ¢476.000 millones (52% del total) corresponde a obligaciones por arrendamientos financieros (en dólares y colones) de la planta hidroeléctrica Reventazón; localizada en Siquirres, Limón.
Esa planta está valorada en $1.567 millones, conforme el último plan de inversiones del ICE publicado en mayo. La cifra resultó ser $810 millones más de lo estimado en 2008, según información aportada por el ICE ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en aquel año.
Con sus 306 megavatios (MW) es la hídrica con mayor capacidad instalada de Costa Rica y, según el ICE, la segunda obra de infraestructura más grande de Centroamérica después de la ampliación del Canal de Panamá.
Fue inaugurada el 16 de setiembre del 2016 pero está en proceso de reparación por filtraciones de agua en la represa pocos meses luego de estrenada.
Enojo empresarial
La Cámara de Industrias de Costa Rica manifestó a primera hora de este lunes su oposición a la "solicitud exagerada" del ICE, según indicó en un campo pagado.
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De ser aprobada, los consumidores y las empresas pagarían ¢105 en promedio por cada kWh, ¢20 más de lo que se pagaba en enero de 2017, afirman los industriales. Ricardo Solera, Vicepresidente de la Cámara, recalcó que el aumento debe rechazarse.
“Aresep no puede seguir aceptando aumentos del ICE, sobre todo porque los consumidores y las empresas estamos pagando costos solapados de una mala inversión como el Proyecto Reventazón. No tiene sentido que el ICE ejecute tan mal sus proyectos porque las empresas y las personas tenemos que pagar la mala gestión después”, enfatizó Solera.
La CICR explicó que a esta situación se le suma la falta de eficiencia del ICE para ajustarse a su presupuesto y la suspensión de la tarifa especial para industrias electro-intensivas, es decir para aquellas empresas que consumen grandes volúmenes de energía, la cual fue suspendida desde enero 2017 y aún no se ha logrado su restablecimiento.
“El ICE irrespeta el presupuesto aprobado en las tarifas que fija Aresep y termina gastando más de lo aprobado. Entonces, para el 2018 solicitan aumentos exagerados para cubrir sus excesos, esperando que el consumidor pague por esos excesos. ¿Quién se preocupa por la eficiencia del ICE? ¿Hay alguien supervisando o controlando esta situación?”, reclamó Solera.
La CICR ha manifestado repetidas veces que los aumentos continuos y exagerados de las tarifas eléctricas ponen en desventaja competitiva al país, pues en regiones como Europa y Norteamérica, el precio que paga la industria es casi la mitad de lo que se pagan en Costa Rica.
“Realmente los industriales estamos desesperados. Las empresas van a tener que despedir personal si se aprueba ese aumento y algunas podrían optar por irse del país. Ya dejamos de ser competitivos y parece que al ICE no le importa”, concluyó.
