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El Cairo. AFP. El líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie, y otros 682 presuntos islamistas que apoyan al derrocado presidente Mohamed Mursi fueron condenados a muerte ayer por un tribunal de Egipto.
La instancia conmutó por cadena perpetua 492 de las 529 penas capitales dictadas en marzo, también contra simpatizantes de Mursi.
La condena masiva, pronunciada el 24 de marzo, fue muy criticada por la ONU y suscitó una fuerte indignación en todo el mundo.
Esas sentencias tienen, empero, pocos chances de ser confirmadas en apelación, ya que, según la opinión unánime de los expertos, el juez no respetó el procedimiento judicial ni los derechos de la defensa.
Sin embargo, el simple hecho de que la Justicia dicte pronunciamientos de ese tipo sin conmocionar al país, muestra el clima viciado que existe en Egipto.
Un tribunal de El Cairo prohibió ayer el Movimiento 6 de Abril, el principal grupo de jóvenes que encabezó la revuelta contra el presidente Hosni Mubárak en el 2011.
Este grupo se manifiesta actualmente contra el régimen dirigido por el Ejército, cuyas fuerzas de seguridad mataron a unos 1.400 manifestantes desde el golpe de Estado, el 3 de julio pasado, que derrocó al presidente islamista Mohamed Mursi, el único elegido democráticamente en la historia de Egipto.
Una amplia mayoría de la población y los medios de comunicación en forma casi unánime aplauden la represión implacable de las fuerzas de seguridad. Actualmente, más de 15.000 partidarios de Mursi y militantes de los Hermanos Musulmanes están detenidos.
Rechazo en el exterior. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, consideró que las condenas a muerte “parecen claramente no respetar las reglas de base del proceso justo”, indicó su portavoz y agregó que Ban estaba “preocupado” porque “son susceptibles de perjudicar las perspectivas de estabilidad a largo plazo de Egipto”.
A su vez, la Casa Blanca denunció enérgicamente las condenas a muerte. “El veredicto de hoy (ayer), al igual que el del mes pasado, constituye un desafío a las reglas más elementales de la justicia internacional”, afirmó Jay Carney, portavoz de la Presidencia.
Las personas condenadas fueron acusadas de haber participado en manifestaciones violentas en Minya, el 14 de agosto del 2013.
Varias mujeres que esperaban el veredicto en las afueras del tribunal, rodeado por fuerzas policiales, se desmayaron cuando conocieron la sentencia.
“¿Dónde está la justicia?”, preguntó una mujer. “Mi hijo Jaled no hizo nada y es condenado a cadena perpetua”, dijo otra.
Antes del veredicto varias personas habían dicho que sus familiares no tenían nada que ver con las manifestaciones de Mina y en las cuales murió un policía mientras estaba en una comisaría.
“Mi hijo ni siquiera reza. Ni siquiera sabe dónde está la mezquita”, comentó la madre de uno de los condenados a muerte.
“Mi hijo murió hace tres años y su nombre aparece citado en este caso”, manifestó otra madre, de alrededor de 60 años.
Según Jaled ElKomy, coordinador del equipo de abogados que defiende a los 529 condenados del juicio del 24 de marzo, 60% de ellos “tienen pruebas que demuestran que no estaban presentes en el ataque a la comisaría”.
Sobre los 1.200 acusados de los dos juicios, solamente 200 están encarcelados.
