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México. EFE, AP y AFP. La eliminación de las policías municipales y la disolución de los gobiernos locales, “cuando existan indicios suficientes” de infiltración por el crimen organizado, son las puntas de lanza de un plan del presidente Enrique Peña Nieto para enfrentar la corrupción y el poder del narcotráfico.
En un mensaje a la nación, el mandatario anunció ayer el envío al Congreso de un paquete de leyes, entre ellas reformas constitucionales para permitir al Gobierno federal disolver ayuntamientos corruptos y crear policías estatales únicas en los 31 estados del país, en lugar de los 1.800 cuerpos dependientes de los municipios.
Las iniciativas ocurren cuando l a administración de Peña Nieto afronta la peor crisis desde su inicio en diciembre del 2002, golpeada por la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, hace dos meses. Los alumnos fueron atacados y detenidos por policías municipales y entregados al cartel narcotraficante Guerreros Unidos; todo, por órdenes del alcalde de Iguala.
El mensaje presidencial estuvo precedido por el hallazgo ayer de 11 cadáveres decapitados en una carretera en Guerrero .
Cambio de rumbo. “México no puede seguir así. Después de Iguala (referencia a la desaparición de los jóvenes), México tiene que cambiar”, dijo Peña Nieto.
El paradero incierto de los estudiantes ha generado constantes protestas y marchas, la última la semana anterior en la cual fue evidente la molestia con el presidente manifestada con gritos de “ ¡Fuera, Peña! ”.
El gobernante señaló que como ciudadano comparte “la exigencia de justicia de la sociedad” ante lo sucedido en Iguala, uno de los “ataques más cobardes y crueles del crimen organizado”.
“No pueden quedar impunes estos actos de barbarie” , apuntó tras reconocer que en las últimas semanas la sociedad ha alzado “su voz para decir ya basta” .
Peña Nieto anunció que el lunes presentará al Congreso tres reformas constitucionales: una para crear policías únicas en los 31 estados del país, otra para combatir la infiltración del crimen organizado en las alcaldías y una más para definir la competencia de cada autoridad en el combate contra el delito.
La primera tiene como objetivo “pasar de más de 1.800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales y más eficaces”.
La segunda reforma prevé la “disolución” de un ayuntamiento “cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada”, como sucedió con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
La tercera iniciativa redefinirá las competencias de cada autoridad en el combate al delito, “tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de Gobierno” , federal, estatal y municipal, puntualizó Peña.
“Este anuncio muestra que las autoridades ya se dieron cuenta de que estamos hasta el tope de corrupción en el tema de los municipios”, comentó la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda.
Para Pedro Torres, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, “más que anuncios, la población necesita acciones concretas que hagan verdaderamente creíble lo que en el discurso se dice”.
Alejandro Hope, experto independiente en seguridad, advirtió de que propuestas como la de la policía estatal son similares a otras planteadas durante la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Esa, en concreto, nunca prosperó.
