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México. AP. Autoridades mexicanas hallaron cuatro nuevas fosas clandestinas durante la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en México, pero se desconoce todavía cuántos cuerpos contienen, informó ayer la Fiscalía General.
El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, anunció que cuatro nuevos detenidos en el caso identificaron más tumbas clandestinas donde dejaron los cuerpos de algunos jóvenes.
Los 43 estudiantes de la Escuela de Magisterio Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, una localidad de Guerrero a unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México, después del ataque, el 26 de setiembre, de policías municipales y sicarios a los autobuses en los que pretendían regresar a su pueblo.
Murillo dijo que las autoridades aún rastreaban las cuatro nuevas fosas y no se determina ni el número de cuerpos ni si verdaderamente corresponden a los de algunos estudiantes.
Hasta ahora se habían encontrado cinco fosas en Iguala, de donde se han recuperado 28 cuerpos, aunque tampoco se ha informado si corresponden a los muchachos desaparecidos.
“Nos llevaron a un lugar donde hallamos cuatro fosas. Ahí, según estos detenidos, fueron depositados restos de los estudiantes asesinados”, expresó Murillo.
Sin certezas. Interrogado sobre cuánto tiempo más podrían tardar en identificar los restos, el procurador dijo no tener certeza por las dificultades del caso.
“Es una identificación difícil, porque fueron calcinados”, dijo. Agregó que tampoco se ha podido determinar el móvil, aunque hay varias líneas de investigación abiertas, de las que no habló.
Horas antes, la Procuraduría de Guerrero informó de la detención de cuatro policías más por su posible participación en el ataque, que dejó seis personas muertas, 25 heridos y la desaparición de los 43 alumnos, en un caso que desató indignación tanto dentro como fuera de México.
El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, afirmó que aún buscan a otros agentes, incluido el jefe policial de Iguala.
Su oficina, añadió, presentó una solicitud al Congreso estatal para que le quite el fuero al alcalde, José Luis Abarca, pues mientras lo tenga no puede ser procesado.
Blanco agregó que el funcionario, a quien las autoridades declararon prófugo el fin de semana, tenía “la obligación jurídica” de evitar los ataques, debido a que era el jefe de la Policía, pero en su lugar decidió seguir en una fiesta.
Cuando los jóvenes se reunían para regresar a su instituto y empezó la balacera, la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, terminaba un discurso ante personalidades locales. Algunos piensan que ambos hechos están relacionados.
Miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierdista) –al que pertenecía el alcalde– aseguraron que autoridades federales fueron alertadas del posible involucramiento de Abarca con el crimen organizado y con el asesinato de un activista.
Murillo, uno de los que supo, dijo que un miembro del PRD, René Bejarano, le comentó sobre el posible vínculo del alcalde con el crimen de un activista, quien le pidió pruebas, las cuales nunca recibió.
