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Madrid
El Gobierno de España dio este jueves un paso más hacia una suspensión del autogobierno de Cataluña, en una crisis que amenaza la estabilidad del país y tiene a Europa preocupada.
Este jueves por la mañana venció el plazo definitivo para que el presidente catalán, el separatista Carles Puigdemont, aclarara si había proclamado la independencia en una confusa sesión celebrada en el Parlamento autónomo.
Sin responder directamente, Puigdemont afirmó que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".
El presidente del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, no se dio por satisfecho y convocó para el sábado un consejo de ministros extraordinario para avanzar en los trámites que permitirán intervenir la administración catalana.
El gobierno busca aplicar "el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña", señaló un comunicado, en referencia al artículo que permite ejercer las competencias de una autonomía en caso de que esta incumpla la ley.
Previsiblemente, una eventual intervención generará fuertes movilizaciones, mientras la incertidumbre sigue impactando en la economía: más de 900 empresas sacaron su sede social de Cataluña y el Gobierno central rebajó su previsión de crecimiento para el 2018 al 2,3%.
Rajoy viajó este jueves a Bruselas para participar en una cumbre europea, donde debía recibir un "mensaje de unidad" con España, según adelantó el presidente francés, Emmanuel Macron.
Por su lado, la canciller alemana, Ángela Merkel, reiteró su apoyo a "la posición del gobierno español", al pedir "soluciones en base a la Constitución".
El artículo 155, nunca usado a fondo en España, podría dar lugar a que el Gobierno central asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control -por ejemplo- de su policía, los Mossos d'Esquadra.
Los independentistas catalanes alegan que están legitimados para proclamar la secesión por el referendo del 1.° de octubre, declarado inconstitucional, en el que el sí ganó con 90% de los votos, pero con una baja participación (43%), según cifras de la Generalitat (Gobierno autónomo).
En su carta a Rajoy, Puigdemont lamentó que el gobierno no sea "consciente del problema" y "que no se quiere hablar".
La Generalitat busca "deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional", respondió el gobierno de Rajoy, que ha negado la posibilidad de un diálogo mientras Puigdemont no vuelva a la legalidad.
Lo que sí ofreció el miércoles fue la posibilidad de no invocar el artículo 155 si Puigdemont convoca elecciones regionales, una opción descartada por el momento.
El clima es tenso desde que el lunes fueron encarcelados, a la espera de un eventual juicio por sedición, dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña.
