Tres países de Centroamérica libran batalla contra la corrupción

Panamá. ACAN-EFE Centroamérica, región donde la violencia y el crimen dejan miles de muertos cada año, libra ahora lo que parece una lucha inédita contra la corrupción, con un masivo apoyo popular y mediático.

El escenario en que se desarrolla es confuso. Está aderezado por campañas para elecciones generales, sombras de pugnas entre grupos de poder y acusaciones de venganza política.

Todo esto siembra dudas sobre si se trata de una guerra real contra la corrupción, cuyas consecuencias mantienen a esos países en la pobreza, o si se trata solo de un juego de intereses económicos y políticos.

En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina se enfrenta con un proceso judicial que apenas empieza.

Dos escándalos destapados en la oficina de impuestos y en el seguro social, en abril y mayo pasados, propiciaron que miles de guatemaltecos salieran a las calles a exigir la renuncia de Pérez Molina y también de Roxana Baldetti, la vicepresidenta, que dimitió el 8 de mayo pasado.

Pérez Molina ha negado cualquier vínculo con hechos de corrupción, descarta dejar el cargo y reformó su gabinete en un intento por frenar la crisis institucional y llegar entero a enero del 2016, cuando culmina su periodo.

Serio revés. Sin embargo, el miércoles sufrió un revés, con la decisión unánime de 13 magistrados de aceptar a trámite una demanda presentada por un diputado opositor, que lo acusa de cuatro delitos, entre ellos encubrimiento y enriquecimiento ilícito por la corrupción en el seguro social y en la oficina de impuestos. Ahora, el Congreso, presidido por la oposición pero donde ninguna fuerza política es mayoría, deberá decidir si levanta la inmunidad a Pérez Molina para que sea investigado.

La crisis institucional estalló en medio de la campaña por los comicios generales del 6 de setiembre. Analistas locales coinciden en que el gobernante Partido Patriota solo buscará sobrevivir, mediante el logro de los votos mínimos para seguir operando.

Ya hay voces que alertan de que las elecciones podrían frenar el proceso contra Pérez Molina.

La Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, dijo que el Congreso es un ente “verdaderamente manejable” y más ahora, porque los diputados temen que se aplacen los comicios.

Clamor pacífico. En Honduras, uno de los países más violentos del mundo, miles de personas salieron pacíficamente a las calles en las últimas semanas para pedir la renuncia del presidente, Juan Orlando Hernández, por un desfalco millonario en el seguro social de ese país.

Uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, este caso salpica a empresarios, fiscales, periodistas y políticos, incluido el propio presidente, quien la semana pasada reconoció que su campaña electoral, en el 2013, recibió dinero procedente del desfalco, aunque sin saberlo.

Hernández sostiene que no tiene “nada que ver” con la corrupción, y ha reconocido que las marchas multitudinarias contra esa lacra son iniciativas “genuinas y legítimas”.

Pero también criticó que algunos opositores con juicios pendientes por corrupción participan en las marchas de los indignados, el movimiento que cobra fuerza en Honduras, con participación de los jóvenes.

Una comisión multipartidaria del Parlamento investiga 13 sonados casos de corrupción, entre ellos el desfalco en la seguridad social, que involucran a quienes han sido funcionarios de los tres últimos gobiernos, incluido el de Hernández.

Ayuda en entredicho. En Panamá, cerca de una docena de funcionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) tienen medidas cautelares, algunos prisión preventiva, por supuesta corrupción, y varios han implicado al exjefe de Estado, quien también afronta dos investigaciones.

El epicentro de las tramas es el gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN), que, según la administración de Juan Carlos Varela, fue utilizado para evadir la ley de contrataciones públicas y desviar cientos de millones de dólares.

Martinelli, un magnate de supermercados, dice ser víctima de persecución política por parte de Varela, quien fue su vicepresidente, y proclama su inocencia.

Varela, que llegó al poder con la bandera anticorrupción, ha dicho que su gobierno respeta la separación de poderes y se desvincula de las investigaciones.

El aluvión de denuncias de corrupción que los medios locales difunden cada día, involucra a políticos de varios sectores, incluso familiares del actual mandatario, como su hermano, el diputado José Luis Varela, acusado por un abogado de Martinelli de haber recibido un soborno de un millón de dólares.

Nota: Se precisó título de la información (12-06-2015).