La Haya. AFP. El presidente keniano, Uhuru Kenyatta, seguirá libre: los procesos en su contra por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) fueron abandonados, siete años después de que ocurrieron los peores actos de violencia de la historia independiente del país en las elecciones presidenciales.
“Se retiran las acusaciones contra el señor Kenyatta”, dijo la procuradora, Fatou Bensouda, en un documento oficial, pues no tiene suficientes pruebas “para probar, más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad criminal presunta de Kenyatta”.
El retiro de las imputaciones no descarta “la posibilidad de que se reciban nuevas acusaciones contra Kenyatta”, precisó.
El presidente, de 53 años, era sospechoso de crímenes contra la humanidad por su presunto papel en las violencias poselectorales de fines del 2007 e inicios del 2008 en Kenia, que causaron más de 1.000 muertos y 600.000 desplazados. Era el primer presidente en ejercicio que comparecía ante la CPI en La Haya.
La decisión afecta a la CPI y a su procuradora, cuestionada por haber cerrado precipitadamente la investigación.
Muestra también las dificultades de la Corte en sus investigaciones sobre responsables que todavía están en el poder y ante Estados poco cooperativos.
Kenyatta dijo que el tribunal le “dio la razón”. “Quiero ir a ver a mi mujer ya mismo para decirle lo que acaba de pasar”, dijo en un mensaje enviado por la red social Twitter.
La amenaza de un proceso se había alejado ya cuando la procuradora había pedido un aplazamiento del procedimiento, tras reconocer que no tenía suficientes pruebas contra el presidente keniano, a menos de que el Gobierno de Nairobi respondiera a sus demandas de cooperación.
La señora Bensouda asegura que documentos, entre ellos datos bancarios, declaraciones de impuestos, registros telefónicos y datos de transferencias de propiedad podrían probar la culpabilidad del acusado. El Gobierno keniano no suministró los documentos a la corte.
Los jueces rechazaron entonces esta petición de aplazamiento a nombre del derecho del acusado a un proceso “sin tardanza excesiva” e impusieron el miércoles un ultimátum al procurador: le daban una semana para presentar pruebas suplementarias, o en su defecto, retirar las acusaciones.
En su decisión, los jueces subrayaron que el Gobierno keniano no respetó “la norma de buena fe en la cooperación”.
“Siempre solicité a las autoridades kenianas su cooperación para que mi oficina pudiera cumplir su misión”, dijo Bensouda, y afirmó que su oficina fue confrontada a una “serie de obstáculos mayores que le impidieron investigar de manera profunda”.
La procuradora citó “un flujo constante de información sin fundamento en los medios”, pero en especial “una campaña sin precedentes en las redes sociales con la finalidad de revelar la identidad de los testigos protegidos” y “vastas iniciativas concertadas para hostigar, intimidar y amenazar” testigos.
Los procedimientos también se caracterizaron por una campaña internacional realizada por Kenia y apoyada por la Unión africana (UA) , para tratar de detener los procesos contra dos altos dirigentes que siguen en sus cargos.
Muestras de alegría y dolor fueron expresadas este viernes tras conocerse la noticia del abandono del proceso contra el presidente por crímenes contra la humanidad, lo que muestra las divisiones que siguen afectando al país años después de las elecciones de 2007 caracterizadas por la violencia.
En la medida en que nadie en este momento está siendo procesado en Kenia por esos actos de violencia, el abandono de las acusaciones contra el presidente Uhuru Kenyatta por parte de la CPI significa que muchos de los afectados en el valle del Rift, una de las zonas más golpedadas por la violencia, nunca tendrán justicia.
El proceso de Kenyatta debía inicialmente comenzar a fines de 2013, pero fue aplazado varias veces.
Las acusaciones en su contra fueron confirmadas en 2012, antes de su elección de nuevo como presidente, y fue acusado de ser responsable de asesinatos, violaciones y persecuciones.
Para Elizabeth Evenson, de la ONG Human Rights Watch , el cese del proceso “hace retroceder los esfuerzos para poner fin a la cultura de la impunidad en el país”.
El vicepresidente keniano, William Ruto, también es procesado por la CPI por acusaciones similares. Su proceso se inició el 10 de setiembre del 2013.