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Brasilia
Los principales partidos opositores de Brasil presentaron el miércoles un nuevo pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por adulterar las cuentas públicas, en otra señal de la tensión política que recorre al país.
La solicitud fue recibida por el presidente de la cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo declarado de la mandataria, que fue reelegida en octubre de 2014 por un estrecho margen.
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"Lo vamos a evaluar", dijo Cunha, que tiene la llave para aceptar o archivar las iniciativas para destituir a la presidenta por motivos políticos.
Esta presentación es la más relevante de las muchas realizadas este año ante la cámara y, según sus autores, incluye supuestas irregularidades cometidas por el gobierno también en 2015, lo que en teoría mejora sus posibilidades de no ser impugnada jurídicamente.
La petición fue firmada por un grupo de juristas y avalada por la mayor fuerza opositora de Brasil, el socialdemócrata PSDB, junto a otros partidos políticos y organizaciones civiles.
De hecho, el carro que llevó las cajas repletas de documentos hasta el despacho de Cunha fue empujado por el propio líder del PSDB en diputados, Carlos Sampaio.
"Tenemos confianza en que el presidente de la casa (cámara de Diputados) tiene los elementos necesarios para aceptar el pedido de impeachment que, aclaro, no es un pedido de la oposición, es un pedido de Brasil , es un sentimiento de la nación", dijo Sampaio a periodistas.
Uno de los coautores del trabajo es Helio Bicudo, un jurista que participó en la creación del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y hoy es de sus principales críticos.
"Más grande que la urna es la plaza pública. Tenemos que salir a las calles a luchar por ese ideal, un Brasil mejor", dijo Maria Lucia Bicudo, hija del jurista, que representó a su padre en Brasilia.
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Si Cunha aceptara la solicitud, el trámite iría a una comisión que volvería a evaluarlo y, si es aprobado, llevarlo al Plenario. Ahí, un mínimo de 342 de los 513 diputados deben levantar su mano a favor para que el proceso comience.
En ese caso Rousseff sería apartada del cargo y el Senado —donde el gobierno tiene mayoría— se constituiría en tribunal para juzgarla.
Sin embargo, no hay previsión de cuándo Cunha podría pronunciarse, ya que el mecanismo que diseñó para tratar el impeachment fue congelado por una serie de medidas cautelares de la corte suprema, que aún debe expedirse sobre el fondo del asunto.
Además, los embates jurídicos contra Rousseff que se tramitan en el Congreso forman parte de la áspera disputa política entre Cunha y el gobierno, que este año dominó la agenda de Brasil.
Fue denunciado ante el comité de ética del recinto que conduce acusado de mentir sobre la existencia de unas cuentas de su propiedad en Suiza, que son investigadas por la fiscalía de la república para determinar si fueron el destino final de fondos desviados de la petrolera.
La tensión hace que todos los movimientos sean estudiados cuidadosamente.
La oposición cree que Cunha esperará a que la Corte Suprema decida sobre la apelación que realizó a las medidas cautelares del máximo tribunal y que habrá que esperar a noviembre para tener novedades.
