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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) deberá pagar al menos $112 millones a la empresa Enel Green Power Costa Rica, a cargo de la planta hidroeléctrica Chucás, en Concepción de Atenas, luego de perder un proceso de arbitraje que dirigió el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA).
Este forma de resolución de conflictos se inició para resolver una pugna que data del 2015, cuando el ICE y la firma se enfrentaron por el encarecimiento del proyecto, aún sin concluir. El caso en el Centro de Arbitraje, adscrito a la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham), se tramitó bajo el expediente 0374-2015 AR-CICA.
Fue en febrero del 2011 cuando el ICE contrató a la filial del grupo energético italiano Enel para la construcción de la hídrica de 50 megavatios de capacidad. La intención era comprarle energía por 20 años al cabo de los cuales asumiría la planta, bajo la modalidad de BOT (built, operation and transfer).
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Inicialmente, el costo de la obra se fijó en $107,6 millones y su construcción debía realizarse en tres años, según la licitación internacional 2006 LI-000043-PROV. Sin embargo, se dieron una serie de inconvenientes como inundaciones, deslizamientos e inestabilidad de taludes. Estos imprevistos obligaron a suspender el proyecto por casi tres meses así como variar la ubicación de parte de las instalaciones y estabilizar taludes.
Enel Green Power Costa Rica informó al ICE que todos los problemas enfrentados elevarían la inversión a $255,3 millones; un sobrecosto de $147,7 millones, el cual no fue aprobado por el ICE, según la resolución del Instituto 0150-0524-2014 del 12 de agosto del 2014.
Unos meses después, el 16 de febrero del 2015, el ICE abrió el "Acto Final Procedimiento Sumario- Cláusula Penal, Licitación Pública 2006 LI-0000043-PROV", donde le ordenó a Enel Green Power Costa Rica pagarle $4,6 millones en cinco días hábiles indicando que se procedería a ejecutar la garantía de cumplimiento del contrato.
En respuesta, Enel Green Power Costa Rica acudió al día siguiente al Tribunal Contencioso Administrativo donde solicitó una medida cautelar para frenar la acción del ICE. El 17 de febrero del 2015, el Tribunal otorgó la medida cautelar solicitada de forma provisionalísima.
Según el expediente de esa medida cautelar, el 15-002013-1027-CA, el 6 de marzo del 2015 el ICE informó al Tribunal Contencioso que ambas partes habían entablado "un proceso de negociación en sede administrativa buscando una solución adecuada antes de cualquier proceso litigioso".
Confusión por el monto
Dicha negociación fue la que concluyó el 16 de noviembre anterior cuando el CICA ordenó al Instituto a pagar de la diferencia en los costos de la planta ($147,7 millones), así como los costos del proceso arbitral y los honorarios de representantes legales.
La tarde de este lunes, el ICE informó, mediante un comunicado, que solicitará al Tribunal Arbitral un aclaración del fallo. En ese mismo documento, el Instituto afirma que fue obligado a pagar $112,5 millones y no los $147,7 millones de los sobrecostos.
Por su parte, el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), en un pronunciamiento, dijo que "son más de $150 millones" los que se pagarán con los recibos eléctricos y de telefonía.
"Este es un llamado a la transparencia, den la cara, respondan, ¿cómo y porqué perdieron este arbitraje con la hidroeléctrica Chucás?", señala el comunicado, haciendo alusión a la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, y al presidente ejecutivo de la entidad, Carlos Obregón.
También el diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, reaccionó molesto y anunció que denunciaría el caso ante el Ministerio Público.
"Hemos encontrado algunos indicios importantes de presunta corrupción, y considerando que existen elementos que nos han mostrado desviaciones de poder y actuaciones que se han alejado del principio de legalidad en algunos actos administrativos, es de la más alta importancia que la Fiscalía General de la República, bajo el mando de Emilia Navas se aboque a investigar y determinar la comisión de posibles delitos", afirmó el diputado, quien también fue sindicalista del ICE.
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Enel Green Power Costa Rica se limitó a confirmar que recibieron el resultado del arbitraje, pero declinaron comentar al respecto.
"PH Chucas S.A. es una empresa respetuosa de los procesos legales, judiciales y arbitrales, regulados y conducidos bajo la legislación costarricense. Actualmente, la empresa se encuentra analizando el laudo arbitral dictado, por lo que no realizará ninguna declaración al respecto", señaló Daniel Muñoz, asesor legal y corporativo de la empresa.
El desenlace del proceso supone un golpe para las finanzas del Instituto, que gestiona ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un alza en la electricidad de 19% para el otro año con la cual aspira a generar un ingreso de ¢62.704 millones para atender gastos operativos y enfrentar obligaciones financieras, principalmente por deudas.
El monto que el ICE espera recaudar con el alza ante Aresep, equivale a 98% del dinero que ahora está obligado a desembolsar Enel Green Power Costa Rica debido al laudo arbitral.
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