El subgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, Leonardo Acuña Alvarado, quien descuenta tres meses de prisión preventiva por el caso del cemento chino, le donó a su esposa una propiedad y dos vehículos 17 días antes de que el Juzgado Penal de Hacienda embargara sus bienes y cuentas bancarias.
Así consta en dos escrituras inscritas por el notario Juan Antonio Mainieri Acuña ante el Registro Nacional, el pasado 28 de noviembre. En conjunto, los tres bienes tienen un valor fiscal de ¢71,6 millones.
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Acuña es uno de los seis miembros de la alta gerente del Banco de Costa Rica (BCR) que, junto con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, figuran como imputados por un supuesto mal manejo del financiamiento otorgado para importar cemento chino, por el cual importador quedó debiendo $25 millones.
Todos ellos fueron detenidos el 3 de noviembre y puestos en prisión preventiva por tres meses.
El 17 de noviembre anterior, el subgerente le donó a su esposa Sara Herrera Marcos un terreno para construir una vivienda de 360 metros cuadrados, en Calle Blancos, en Goicoechea, con un valor fiscal de ¢33,5 millones.
Ese mismo día, en otra acta, Acuña le donó dos vehículos 4x4 a Herrera, ambos modelo 2012. Uno es un Porshe Cayenne, de ¢22,3 millones y el otro es un Nissan Murano, de ¢15,7 millones.
Las donaciones se hicieron ante el notario Mainieri Acuña en su despacho en Santa Ana. En vista de que Acuña está en la cárcel de San Sebastian, él fue presentado por un estudiante de apellidos Montero Alonso, que participó como su "apoderado especialísimo".
Estas cesiones fueron formalizadas 11 días después ante el Registro Público, el 28 de noviembre.
24 horas después de la inscripción, el 29 de noviembre, la Procuraduría General de la República presentó una denuncia de acción civil resarcitoria contra los siete imputados por el caso del cemento chino ante la Fiscalía General, con el objetivo de cobrarles el aparente daño social ocasionado.
Posteriormente, el 1°. de diciembre, el abogado del Estado acudió al Juzgado Penal de Hacienda para solicitar, como medida cautelar, el embargo de los bienes y las cuentas de los involucrados en este caso. Esa petición también incluyó a las empresas del importador Bolaños.
El pedido fue acogido por este Tribunal el lunes anterior, 4 de diciembre.
En el Registro Nacional, hoy aparece gravada la propiedad donada en Calle Blancos hasta diciembre del 2027, no así los vehículos.
La Nación consultó a Francisco Dall'Anese, quien es defensor de Acuña, sobre las donaciones hechas, pero dijo que no podía referirse
"No puedo decir nada de lo que me hayan dicho mis clientes, es como que yo le dijera a usted que revele una fuente (...). Usted puede donar todas sus propiedades a quien quiera, el problema es si es simulado; si es real, no hay ningún problema", dijo Dall'Anese.
También se buscó una declaración del notario Juan Antonio Mainieri; sin embargo, en su oficina dijeron que hoy era imposible localizarlo.
El caso del cemento chino
Los siete imputados por el caso del cemento chino son investigados por el presunto delito de peculado. A Bolaños el Ministerio Público le atribuye otros tres supuestos delitos: tráfico de influencia, denuncia calumniosa y simulación de delito.
En el caso de la cúpula del BCR, la Fiscalía General inició las pesquisas bajo la hipótesis de que ellos facilitaron la sustracción de fondos públicos al autorizar los giros de dinero de dos líneas de crédito a la firma Sinocem Costa Rica, de Juan Carlos Bolaños.
Además de Leonardo Acuña también figuran como imputados Mario Barrenechea Coto, gerente general; Marvin Francisco Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Créditos; y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.
Ante la prisión preventiva que les impuso el Juzgado de Turno Extraordinario de San José, el 4 de noviembre pasado, el BCR nombró a otras personas en sus cargos de manera temporal.
Este martes, el medio digital CRHoy también dio a conocer que Juan Carlos Bolaños vendió una hacienda que tenía en Tempate, en Santa Cruz, de Guanacaste, un mes antes de que el Ministerio Público lo imputara por este caso.
Le vendió la propiedad a Alexánder Sánchez Porras, quien figura en varias de las empresas de Bolaños e incluso, participó en algunos de los encuentros que el importador de cemento tuvo en Casa Presidencial y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Según la publicación, ante el Registro Nacional se reportó que la propiedad de 2,9 hectáreas se vendió en ¢3 millones.