EscucharEl Juzgado Penal de Hacienda ordenó embargar los bienes y las cuentas bancarias a siete imputados en el caso del cemento chino. El secuestro también aplica para las compañías del polémico empresario Juan Carlos Bolaños.
El tribunal acogió una solicitud de retención hecha por la Procuraduría General de la República el pasado viernes.
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Uno de los detenidos por el caso del cemento chino y el BCR, dentro del grupo que entró a San Sebastián el 8 de noviembre. (GRACIELA SOLIS)
El abogado del Estado hizo el pedido como medida cautelar, luego de presentar una acción civil resarcitoria ante la Fiscalía General, el 29 de noviembre anterior.
"La solicitud se presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda el viernes 1°. de diciembre y quedó en firme el día de hoy, lunes 4 de diciembre, a la atención de los bancos", informó la oficina de prensa de la Procuraduría.
Y agregó: "Con esta demanda se pretende que los siete imputados lleguen a resarcir el daño causado, en este caso el Estado reclama el daño social".
El procurador general, Julio Jurado, precisó ante una consulta de La Nación: "Nosotros presentamos una acción civil por daño social y, entonces, como una medida cautelar relacionada con lo que está solicitando en la acción civil, son los embargos".
Junto a Juan Carlos Bolaños figuran como imputados seis miembros de la alta gerencia del Banco de Costa Rica (BCR). Los siete descuentan tres meses de prisión preventiva.
Se trata de Mario Barrenechea Coto, gerente general; Marvin Francisco Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Créditos; y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.
Al importador de cemento el Ministerio Público le imputa cuatro delitos: peculado, tráfico de influencia, denuncia calumniosa y simulación de delito.
La cúpula del BCR por su parte, es investigada por un delito de peculado, bajo la hipótesis de que facilitaron la sustracción de fondos públicos cuando aprobaron dos líneas de crédito con un tope de endeudamiento de $30 millones a la empresa Sicocem Costa Rica, de Juan Carlos Bolaños, para importar cemento desde China.
Bolaños quedó debiendo $25 millones por estos créditos.
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