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El movimiento cooperativo no recuperará el control del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) a finales de noviembre, como lo tenía planeado. Ahora deberá esperar hasta junio del 2018 para que sus cuatro representantes retornen a la Junta Directiva del Instituto.
Este martes, el Consejo de Gobierno decidió ampliar por siete meses más su intervención en el Infocoop, mediante la cual controla toda la cúpula de la entidad.
En marzo entrante, la junta interventora deberá rendir un informe amplio al Consejo de Gobierno sobre los resultados de su labor, que inició el 28 de febrero del 2017 por decisión del presidente Luis Guillemo Solís.
Zapote decidió ampliar la intervención alegando que la Junta que nombró a dedo Solís necesita más tiempo para acabar con las tareas que se le encomendaron, entre ellas investigar presuntas pérdidas por más de ¢9.000 millones y elaborar una auditoría forense, la cual todavía no ha rendido ningún informe con conclusiones.
En condiciones normales de funcionamiento, el movimiento cooperativo tiene el control de la Junta, al tener en ella a cuatro representantes. Por su parte, el Poder Ejecutivo tiene dos plazas en ese órgano y el Banco Nacional (BN) un asiento, para un total de siete miembros.
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No obstante, al decretarse la intervención, el 28 de febrero pasado, Casa Presidencial suspendió a los cuatro representantes del movimiento cooperativo elegidos por la Asamblea del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) para nombrar en su lugar, a dedo, a igual número de directores, mientras que mantuvo a sus dos representantes y al del BN, con lo que se garantizó el control absoluto de la institución.
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El director ejecutivo interino del Infocoop, Gustavo Fernández, nombrado en marzo por la actual junta interventora, interpretó la decisión de ampliar el plazo a la intervención como un respaldo del Consejo de Gobierno a los resultados que ha dado la intervención en ámbitos como la modernización, ética y probidad dentro del Instituto.
No obstante, el vicepresidente del Directorio del Conacoop, Alberto Mendoza, no ve ningún beneficio en el proceso interventor y reprochó al Gobierno por alargar su estancia dentro del Infocoop.
"Creo que es indignante esa decisión. La intervención obedece a criterios políticos, había determinadas personas con el interés de tomar el control del Infocoop, lo lograron y hasta ahora no han podido probar ni encontrar ningún hecho irregular, ni lo van a poder hacer, porque no existe. Este es un atropello al movimiento cooperativo", recalcó.
Contrario a la opinión de la Dirección Ejecutiva del Infocoop, Mendoza consideró que la intervención no ha dejado réditos para la institución y que su legado se puede traducir en perjuicios provocados por retrasos en la gestión del Instituto.
El líder cooperativista dijo que la Presidencia de la República desoyó una petición del Conacoop para que devolviera a las cooperativas el dominio sobre el Infocoop.
"Les enviamos un oficio pidiéndoles que cuando venciera la intervención, el 28 de noviembre, no extendieran más el plazo, y al jueves pasado ni siquiera nos habían contestado la nota", lamentó.
El vicepresidente del Conacoop no quiso adelantar criterio sobre eventuales acciones en contra de la ampliación de la intervención y dijo que, será hasta el próximo jueves, que el Directorio tomará una decisión al respecto.
Por su parte, los directores designados por el Conacoop para formar parte en la nueva Junta Directiva del Infocoop —después de la Intervención—, Leonel Pérez (cooperativas agroindustriales) y Carlos Castro (cooperativas de autogestión), dijeron que no tienen criterio para concluir si la intervención beneficiará o perjudicará al Instituto, por no haber podido asumir sus cargos hasta ahora.
A lo largo de estos nueve meses han surgido dudas de varios sectores sobre la intervención. Por ejemplo, el Frente Amplio, que promovió la investigación sobre el manejo del Infocoop, acabó denunciando que la intervención se convirtió en una manera de que "una mafia sacara a otra".
Además, de febrero a la fecha se han presentado irregularidades en el manejo del cobro judicial contra cooperativas morosas. La Nación reveló que Fernández ordenó frenar los remates de propiedades a cuatro cooperativas ligadas con el dirigente Rodolfo Navas, político de Liberación Nacional, acción por la que la Auditoría Interna lo denunció a él y a dos funcionarios más ante el Ministerio Público.
Quien maneje el Infocoop decide las políticas de financiamiento para sectores productivos, el dictado de las condiciones para girarles recursos a los entes cooperativos y la aprobación de participaciones asociativas del Infocoop con cooperativas.
No es pequeña cosa, pues la cartera de préstamos del Infocoop es superior a los ¢107.000 millones y se nutre de los aportes de las utilidades de los bancos del Estado, que en los últimos años han crecido de forma sostenida. Es decir, los créditos que otorga ese ente autónomo se financian con recursos públicos.
Poniéndolo en el contexto presupuestario del Gobierno Central, el monto de la cartera de préstamos es casi tres veces el presupuesto de la Asamblea Legislativa (¢37.000 millones) y más del doble del plan de gastos del Ministerio de Gobernación y Policía (¢49.000 millones), ambos para el año entrante.
Los créditos los aprueba la Junta Directiva previo estudio del Comité de Crédito de la institución. De ahí deriva la importancia de tener una mayoría de miembros en la Junta, órgano que, además, le fija el norte de acción a la administración del Infocoop y designa a sus gerentes y directores.
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