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San José
La nueva reforma fiscal que el Gobierno propuso al Congreso se queda corta en medidas para contener el gasto en beneficios salariales del sector público, en comparación con lo que pretendía la oposición.
Así se desprende de una comparación entre el capítulo de empleo público del proyecto del Poder Ejecutivo y el plan que había presentado la diputada liberacionista, Sandra Piszk, que la oposición acuerpó hasta que Zapote lo descarriló a principios de este año.
Después de presentar el texto de reforma fiscal el 10 de agosto, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, dijo que el proyecto fue construido con la expectativa de hacerlo más viable políticamente, eliminando aquellos aspectos polémicos que podrían paralizarlo.
El Gobierno integró, en un solo plan, reformas para aumentar sus ingresos mediante las reformas a los impuestos de ventas y renta, así como medidas para la contención del gasto público, para impedir el crecimiento excesivo del presupuesto y para prohibir la creación de nuevas instituciones u obligaciones estatales sin financiamiento.
Lo que quedó afuera
Sin embargo, en cuanto a empleo público, el Gobierno no tomó en cuenta siete propuestas que la oposición pretendía aprobar para reducir el gasto en beneficios salariales de los futuros empleados:
1- Limitar a un 35% del salario base el pago del plus por disponibilidad; actualmente, el porcentaje oscila entre un 5% y un 50% del salario base del empleado
2- Restringir los pagos por zonaje, regionalización, o desarraigo de manera que, si un empleado recibe el pago de uno, no pueda percibir los otros dos; actualmente, estos pagos van de un 10% a un 50% del salario base del empleado
3- Limitar a 8 los años que se reconocen en el cálculo de la cesantía (se paga un salario por cada año); en la actualidad hay entidades que reconocen hasta 24 años a sus empleados cuando se pensionan o son despedidos con responsabilidad patronal
4- Prohibir los pagos por discrecionalidad y confidencialidad
5- Impedir los pagos por la acumulación de bienios (dos años de labor) y quinquenios (cinco años), así como cualquier otro acumulado de años laborados cumplidos. Algunas instituciones pagan estos beneficios
6- Introducir nuevas reglas para el pago por carrera profesional. Hoy, el Estado paga ¢1.932 por cada punto que los funcionarios públicos sumen por estudios realizados, cursos afines a su profesión y publicaciones. La oposición pretendía restringir ese pago solo a trabajadores públicos que laboren como mínimo medio tiempo y tengan, al menos, el grado de bachillerato universitario.
7- Obligar a la renegociación de las convenciones colectivas. Actualmente, si una convención vence, su vigencia se prorroga automáticamente si ninguna de las partes manifiesta voluntad de renegociar. El proyecto de la oposición establecía que, al término de cinco años, toda convención dejaría de tener vigencia. Además, imponía un plazo de 12 meses para renegociar las condiciones laborales contenidas en esa convención; vencido ese plazo sin que la renegociación haya rendido frutos, la convención deja de ser válida. Las convenciones rigen entre uno y cinco años.
Lo que quedó adentro
El Ministerio de Hacienda sí optó por incluir estas reformas para todas las instituciones públicas, en donde trabajan más de 271.400 personas (unas 136.000 en el Gobierno central y los poderes, y el resto en las entidades descentralizadas):
1- Un límite salarial de 20 salarios base de la categoría más baja que se paga en el Gobierno (¢4,2 millones) como el monto máximo del sueldo de los altos jerarcas públicos
2- Limitar el pago del plus por prohibición, pero con diferencias. Mientras la oposición propuso pagar un 25% para los bachilleres universitarios y un 60% para los funcionarios con licenciatura o grados académicos superiores, el Gobierno plantea pagarles un 30% a los bachilleres y un 65% a los licenciados y a los mejor titulados.
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3- En cuanto al incentivo más costoso de todos, las anualidades, la propuesta difiere de lo que la oposición puso sobre la mesa de discusión.
En su proyecto de ley con el expediente 19.506, Sandra Piszk planteó la necesidad de crear dos escalas para el pago de ese incentivo por buen desempeño.
Su texto busca que los empleados con calificación de "excelentes" reciban una anualidad de entre un 2,56% y un 1,94% de su salario base y que los que obtengan un puntaje que los acredite como "muy buenos" obtengan una anualidad de entre un 1,92% y un 1,45%.
En tanto, Hacienda no crea escalas como el citado plan opositor, sino que está planteando que la anualidad más elevada sea de un 2,54% del salario base y que se le pague a quienes al menos sean evaluados como "muy buenos" y que esa evaluación esté ligada al cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo.
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En la actualidad hay instituciones que pagan a sus empleados anualidades equivalentes a un 5,5% de sus salarios base.
La Contraloría General de la República había estimado que el plan de la oposición generaría un ahorro de ¢270.700 millones anuales en las instituciones descentralizadas, lo que podría reducir presión sobre las transferencias del Gobierno, y de ¢13.500 millones en el Gobierno central.
El capítulo de reforma al empleo público del Gobierno no satisface a las fracciones de oposición, que primero le pidieron señales de austeridad antes de aceptar la discusión de nuevos impuestos.
Bancadas de las que más han criticado el gasto del Gobierno Central en beneficios salariales para sus empleados, como las del Movimiento Libertario (ML), Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), opinan que la propuesta de Hacienda es omisa y se queda corta en el ahorro que piden al Ejecutivo.
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Otto Guevara, diputado y candidato presidencial del ML, extraña en la iniciativa una reforma que coloque a los 14 regímenes de empleo público existentes en uno solo.
Mario Redondo, su colega diputado y candidato de ADC, dijo que el Gobierno de Luis Guillermo Solís le quedó debiendo porque esperaba una reforma a los pluses "tan ambiciosa" como la reforma al impuesto sobre las ventas para convertirlo en un impuesto al valor agregado (IVA), que gravaría los bienes y servicios con una tasa del 15% en lugar del 13% del actual impuesto de ventas.
Por su parte, la diputada socialcristiana, Rosibel Ramos, calificó como "flojo y ralito" el borrador presentado por Hacienda, pues cree que no apunta con fuerza a reducir el gasto en el pago de anualidades y recalificaciones en el sector público.
Los diputados consultados coincidieron en que la propuesta del Ejecutivo hace énfasis en la recaudación de nuevos ingresos a través del aumento de la carga tributaria y sugiere poco para controlar y optimizar el gasto público, que tiene entre sus disparadores el pago de beneficios a los empleados públicos.
Para Ramos, el tope a la anualidad debería ser de un 2%.
"En ese proyecto del Gobierno el tema de empleo público viene muy ralo y escaso es un tema que se propone, pero simplemente para cumplir. No hay cambios sustanciales y por lo tanto es solo con un fin, que es crear más impuestos. Si no está incluida una regla fiscal constitucional que le ponga límite al gasto, y no hay cambios en empleo público, no tiene sentido que avance esa propuesta. Otra vez el presidente Luis Guillermo Solís le da atolillo con el dedo a los costarricenses", reclamó la socialcristiana.
Otto Guevara, en tanto, agregó que el ML pedirá incluir en la discusión la revisión de las transferencias presupuestarias que reciben algunas entidades, como las universidades públicas y que, según él, se destinan casi en su totalidad al pago de pluses.
"Por ejemplo, del dinero que el Gobierno le da a la Universidad Nacional (UNA) esa casa de estudios destina ¢500 millones al año para financiar una clínica de especialidades médicas para sus empleados, algo que ni siquiera está en su convención colectiva", reclamó el diputado.
Y Mario Redondo dijo que deberá de revisarse con lupa la conveniencia de la propuesta del Gobierno de pagarles a los docentes universitarios un 30% de dedicación exclusiva, propuesta que planteó la diputada Sandra Piszk.
"En el tema del gasto universitario, hay un aspecto de orden trascendente que tiene que ver con la evaluación que hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y tiene que ver con razones de justicia y de equidad. Hay que analizar si se vale que se sigan gastando las sumas que se gastan en educación superior, aun cuando tenemos necesidades tan apremiantes en educación de la primera infancia, donde todavía no estamos logrando la cobertura adecuada", razonó.
Con este proyecto, el Gobierno pretende reducir en un 3% del producto interno bruto (PIB) el déficit fiscal, que es la brecha entre ingresos y gastos que el Poder Ejecutivo debe llenar con endeudamiento.
