El presidente Luis Guillermo Solís anunció la noche de este martes que el Gobierno "enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales".
Advirtió que, de no tomarse medidas, podrían subir las tasas de interés de los préstamos para viviendas y otras actividades. Él apunta a un aumento de impuestos.
Sin embargo, en este tema el presidente ha tenido fuertes choques con la oposición, la cual le critica no haberse decidido a limitar los pluses salariales del sector público, como señal previa para aumentar tributos, así como haber postergado la discusión fiscal durante su primer año de mandato. En campaña, de hecho, dijo que esperaría dos años antes de decidir si era necesario tocar tributos.
Según informó Solís en cadena nacional, ordenó a la Tesorería Nacional priorizar los pagos del Gobierno Central para atender, en primer lugar, la deuda pública, los salarios y pensiones con cargo al Gobierno; en segundo, las transferencias a instituciones "según su urgencia social". Y, en tercer lugar, hasta después de cubiertas estas obligaciones, autorizó que se hagan otros pagos “tomando en cuenta la liquidez para hacerlos efectivos”.
Asimismo, anunció un crecimiento cero en el Presupuesto Nacional del 2018 para aquellos rubros que no tengan obligación legal de aumentar.
Dicha orden, en realidad, recae sobre menos de un 5% del Presupuesto, pues históricamente el 95% corresponde a gastos ineludibles que están asignados por la Constitución Política y por leyes, los cuales suelen subir constantemente. Solo las partidas para educación y servicio de la deuda —pago de intereses y amortización— consumen el 62% del plan de gastos.
Durante su primer año de Gobierno, Solís presentó un Presupuesto con un aumento de un 19% para el 2015, lo que generó fuertes críticas de la oposición, en vista de que el incremento era cinco veces mayor a la inflación. Para el año siguiente, lo incrementó en un 0,5% y, para el actual, en un 12%.
"A pesar de todos los llamados públicos y esfuerzos que hemos hecho desde el inicio de mi mandato para contener los gastos y aumentar los ingresos, sigue existiendo una brecha que debemos cerrar con recursos frescos", alegó el mandatario.
Este martes, Solís llamó a los diputados a aprobar las reformas a los impuestos de ventas y renta. Sobre esos tributos, el Ministerio de Hacienda anunció que el Gobierno descartó la idea de impulsar la reforma 'light' que presentó a principios de año, para retomar la pretensión de una más agresiva.
El Ejecutivo anunció la propuesta liviana cuando se encargó de desacreditar la reforma a los pluses del empleo público, proyecto que la oposición exigía para entrar a discutir impuestos. En la cadena nacional de la noche de este martes, el presidente no mencionó el tema de empleo público.
Pero ahora, Hacienda quiere subir la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) incluso más allá del 15%. En la versión original, presentada en el 2015, la tasa subía del 13% al 15% y, en la segunda, se quedaba en un 13%.
Otras medidas anunciadas por el presidente son:
-Freno de modificaciones presupuestarias vía decreto que impliquen un aumento en los gastos.
-Un alto a la compra y al alquiler de propiedades para el Gobierno con recursos públicos, con excepción de aquellos inmuebles destinados a obras de infraestructura.
-Una moratoria para no emitir nuevas declaratorias de interés público de actividades que impliquen exoneraciones de impuestos.
-Derogatoria de la Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales, a fin de promover el ingreso de inversiones al país.
Esta última normativa la impulsó en el 2013 el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla para frenar el crecimiento en las tasas de interés producto del ingreso masivo de divisas al país que causaron especulación en el mercado financiero local.
“Mi gobierno está dispuesto a tomar las decisiones necesarias, asumir toda la responsabilidad para cerrar este ciclo odioso de debilidad de nuestras finanzas y permitir que las próximas administraciones tengan los recursos necesarios para erradicar la pobreza y construir la infraestructura imprescindible que necesita un país desarrollado”, afirmó el presidente.
"Mi Gobierno está dispuesto a impulsar los impuestos imprescindibles, a limitar el crecimiento del gasto y priorizar el pago de sus obligaciones. Sabemos que estas no son decisiones populares, pero estamos dispuestos a impulsarlas y defenderlas como acto de alta responsabilidad fiscal", continuó.
El 28 de julio, el Gobierno admitió que sufrió falta de liquidez para cubrir a 160.000 beneficiarios de programas sociales del Gobierno. El retraso ocurrió porque, en julio, Hacienda tuvo problemas para captar dinero mediante la venta de bonos de deuda pública a inversionistas internos, que en su mayoría son instituciones públicas y operadoras de pensiones.
Los inversionistas no compraron bonos, en el momento en que el Gobierno pretendía, a la espera de que se ofrecieran mayores tasas de interés.
La otra señal de deterioro la dio la viceministra de gastos de Hacienda, Martha Cubillo, quien anunció que la cartera les está pidiendo a los ministerios que recorten sus proyecciones de gasto para el 2018 y que hagan ajustes a la baja en sus presupuestos para el 2017.
Los signos apuntan a un acelerado deterioro en las finanzas del Gobierno, pues el 2016 cerró con un déficit del 5,2% del producto interno bruto (PIB) y el Banco Central había estimado que ese indicador subiría a un 5,9% del PIB para este año. Sin embargo, en una revisión posterior, divulgada el lunes, el BCCR subió la proyección del déficit fiscal a un 6,1% del PIB y, de paso, proyectó un 6,8% para el 2018.
La solución de emergencia que plantea Hacienda ante la estrechez del mercado financiero local es pedirle al Congreso una nueva autorización para endeudarse en el exterior a través de una nueva colocación de bonos soberanos.
Sin embargo, el director del Programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullell, criticó la idea del Gobierno. Según él, la sola posibilidad de una nueva emisión de deuda en el extranjero “relajaría” a los candidatos presidenciales, alejando la posibilidad de que propongan reformas tributarias profundas durante la campaña política venidera. Vargas también criticó que la administración no pujara por este tema en su primer año.
Si bien el gobierno en teoría puede maniobrar sobre un 5% del presupuesto, para destinarlo a bienes y servicios, dentro de esa suma también se incluyen otras tranferencias que el Ministerio de Hacienda debe hacer por mandato legal.
Por ejemplo, ahí se incluye el presupuesto para instituciones descentralizadas como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), o bien, los planes de gastos para los museos.