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Aunque el Gobierno dice que la única forma de que avance el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es aplicarle un trámite por la vía rápida, los diputados le ponen piedras en el camino antes de permitir que se apruebe ese mecanismo.
Primero, se le exigió al Poder Ejecutivo, antes de entrar a considerar ese trámite expedito, que presentara un solo texto, con los asuntos acordados entre las fracciones.
Luego, se le pidió a la Casa Presidencial respaldo para que avanzara la reforma a la Constitución Política, propuesta por el Partido Unidad Social (PUSC), con el fin de establecer la regla fiscal por la vía constitucional.
Ahora, hay tantas dudas en Liberación Nacional (PLN) y la Unidad, que la jefa liberacionista, Karla Prendas, alega que sería irresponsable fijar una fecha de inicio para el trámite rápido de la reforma fiscal.
El plan de fortalecimiento de las finanzas públicas incluye cuatro grandes reformas:
1. La transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado (IVA) con una ampliación de los productos y servicios obligados a pagar el tributo.
2. Algunas reformas al régimen de empleo público, sobre todo en el pago de anualidades, dedicación exclusiva y prohibición.
3. Un capítulo para aumentar la tasa del impuesto sobre las rentas de capital al 15%.
4. El capítulo sobre regla fiscal.
Según el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, se espera intensificar las negociaciones para la vía rápida del plan fiscal una vez que se dictamine en comisión la reforma constitucional del PUSC, la próxima semana.
Mora se declara optimisma en ese avance, pero el jefe de la bancada socialcristiana, William Alvarado, afirma que, en este momento, no están seguros los votos, principalmente por la negativa del Frente Amplio, que cuenta con ocho legisladores.
“En este momento, es muy difícil una vía rápida, porque en un principio se había hablado de que el Gobierno valoraba si todas las fracciones estaban de acuerdo, independientemente de su posición en la votación final; no obstante, he escuchado de que algunas no están de acuerdo”, comentó el jefe rojiazul.
Incluso, Alvarado asegura que los cálculos electorales están muy presentes en partidos como el PLN, que no se arriesgarían a ser atacados por otras bancadas, si apoyan la vía rápida al plan fiscal del Ejecutivo.
Entre los planteamientos del Gobierno, están mantener la tasa del impuesto en un 13% pero cobrarlo sobre prácticamente todos los productos y servicios generados en el país.
Por ejemplo, lo cobraría sobre los servicios informáticos, los que prestan los abogados, los gimnasios, espectáculos públicos, plataformas de streaming como Netflix y Spotify, alquileres superiores a ¢425.000 mensuales, electricidad para consumidores mayores a 250 kw/h al mes y transporte, excepto el servicio público.
También los juegos de azar y las exposiciones comerciales se verían afectadas por el IVA.
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Originalmente, el Ministerio de Hacienda proponía una tarifa reducida del 4% a los servicios de salud y de educación privados.
Sin embargo, en el nuevo proyecto, se incluye dentro de esta tasa a los libros en todos sus formatos, los boletos para viajes aéreos que salen de Costa Rica, la compra de empaques y embalajes, así como de las materias primas para hacer estos, el equipo y maquinaria (excepto si hay una exoneración expresa) y los servicios para la producción agropecuaria y agroindustrial.
A pesar de que Hacienda propuso ese impuesto a los libros, pocos días después, el presidente, Luis Guillermo Solís, manifestó públicamente que se oponía a la propuesta y pidió que se revisara, para quitar ese tributo.
La intención del Gobierno es consolidar una recaudación de un 1,4% del Producto Interno Bruto con esa iniciativa, o sea, ¢500.000 millones por año.
Ottón Solís explicó que en la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) no se ha discutido el apoyo al plan ni a su vía rápida, pero aseguró que él, si bien apoya el proyecto, presentará mociones para volver a incluir en el texto todo lo que el Gobierno le sacó para llevarlo al Congreso.
Entre eso, intentará devolver el aumento de la tasa del IVA de un 13% a un 15%, así como varias reformas a los pluses salariales de los empleados públicos.
“Estoy totalmente a favor, estoy trabajando mucho por la regla fiscal, que es un proyecto que el PUSC y el PLN pusieron como condición para la reforma fiscal. (...) Voy a tratar de meter de nuevo mucho de lo que le sacaron al proyecto, porque un proyecto que recaude cerca de 1,2% del PIB no tiene sentido. Voy a trabajar para que sea de un 2,5% del PIB para arriba”, comentó el legislador.
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Si el PAC consolida sus 12 votos a favor de la vía rápida y, de alguna manera, llegara a tener los 18 liberacionistas de su lado, junto con los ocho socialcristianos, consolidaría los 38 votos necesarios (dos tercios de los diputados) para aprobar la vía rápida.
Karla Prendas negó las acusaciones de cálculos electorales del PLN y alegó que, más bien, se trata de responsabilidad.
“Nosotros no hemos considerado entrar en el trámite de vía rápida para este tiempo. Hasta hace poco conocimos el proyecto y lo estamos estudiando. No está claro si es viable en la Asamblea, falta mucho por resolver, no solo es impuestos, sino otras legislaciones, como tope presupuestario, dos reformas propuestas por la Contraloría, la regla fiscal constitucional que anda por ahí y detalles de fondo”, dijo Prendas.
Lo cierto es que, en seis días termina el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, periodo durante el cual los legisladores han tenido el control de la agenda legislativa.
A partir del 1.º de diciembre, el Poder Ejecutivo toma control de la agenda de proyectos de ley y es claro que su principal interés será consolidar todo el avance posible del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incluso sorteando las piedras que los diputados pongan en el camino, se trate de cálculos electorales o de condiciones de apoyo a otras iniciativas.
