La Corte Plena abrió un proceso disciplinario contra cuatro magistrados de la Sala de Casación Penal, entre los cuales destaca el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla.
La investigación se da para determinar si existe alguna violación al artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fija las acciones a seguir cuando se produce, entre otros, un error en la administración de justicia.
Esto porque el 20 de febrero, los magistrados de la Sala de Casación Penal aceptaron el pedido que hizo el Ministerio Público para desestimar una causa por el delito de tráfico de influencias contra los diputados Víctor Morales Zapata, en ese entonces del Partido Acción Ciudadana, y Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario.
La causa se había abierto por una denuncia anónima que los señaló por sus intervenciones para permitir la importación de cemento traído desde China por la compañía Sinocem, propiedad del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas.
En su desestimación, los magistrados indicaron que la Fiscalía no encontró ninguna comunicación entre los diputados y Bolaños.
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El 2 de octubre, el director del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza, reveló la existencia de un informe donde se confirmaban un total de 792 llamadas telefónicas entre los dos congresistas y el importador, ante lo cual, los magistrados se vieron obligados a aceptar la reapertura de la causa. Las llamadas se dieron entre el 1.° de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015.
El artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que “en casos de retardo o errores graves e injustificados en la administración de justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, sin más trámite deberá poner el hecho en conocimiento de la Corte Plena, para que esta, una vez hecha la investigación del caso, resuelva sobre la permanencia, suspensión o separación del funcionario”.
Aparte de Chinchilla, los otros miembros propietarios de la Sala Tercera son su presidenta, Doris Arias Madrigal; Jesús Ramírez Quirós y Celso Gamboa, quien se encuentra suspendido por el mismo caso. Actualmente, la quinta plaza está vacante.
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Luego de que se conoció que sí hubo comunicaciones entre los dos diputados y Bolaños, Carlos Chinchilla pidió al Tribunal de la Inspección Judicial determinar si el Ministerio Público indujo a error a los magistrados de la Sala Tercera al solicitar la desestimación por considerar que no había elementos que probaran el contacto entre los políticos y el empresario.
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El 30 de octubre pasado, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) denunció a los magistrados de la Sala Tercera por el presunto delito de prevaricato , es decir, dictar resoluciones contrarias a la ley.
Ahora, la pesquisa aprobada por unanimidad de los 22 magistrados que componen la Corte Plena, tendrá como magistrado instructor a Román Solís, integrante de la Sala Primera, informó el Poder Judicial.
