El presidente del Directorio legislativo, Gonzalo Ramírez, afirmó que el Congreso carece de armas para sancionar al diputado independiente Víctor Morales Zapata, por la presunta falta al deber de probidad que le achacó la Procuraduría de la Ética.
En dos informes enviados a la Asamblea Legislativa el viernes, uno público y otro confidencial, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) pidió al Directorio tomar medidas contra el legislador por haber llamado al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, para interceder por un pago atrasado en favor del empresario encarcelado Juan Carlos Bolaños.
Gonzalo Ramírez aseguró que "no hay forma legal" de castigar a un congresista que cometa una falta contra la ética pública, en vista de que los legisladores no se han puesto de acuerdo para crear su régimen sancionatorio.
"La Procuraduría nos dice que faltó al deber de probidad, nos pide que lo informemos al plenario del Congreso y que lo sancionemos", explicó el diputado presidente.
La llamada de Morales al presidente de la CNE se produjo en marzo del 2015. Ante los diputados, Iván Brenes relató que el pago a una de las empresas de Juan Carlos Bolaños estaba atrasado porque tenía ciertos documentos pendientes.
La CNE le había adjudicado 74 contratos por ¢7.300 millones al grupo JCB desde el 2005. Brenes no recordó para cuál de estos lo llamó el diputado, quien también fue cuestionado tras conocerse que una persona que figura en cuatro sociedades de Bolaños le gestionó unas vacaciones en Guanacaste en el fin de año del 2015.
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Aparte del informe público de la Procuraduría, ya puesto en conocimiento de la opinión pública, hay otro informe confidencial que contiene recomendaciones específicas de la Procuraduría contra el diputado Morales.
Sobre ese documento, Gonzalo Ramírez explicó que los departamentos técnicos del Congreso le recomendaron al Directorio legislativo enviar copia del texto, como correo confidencial, a cada uno de los 57 diputados, para que se pueda tomar una decisión sobre lo que solicitó la PEP públicamente.
Esa comunicación confidencial no se les ha enviado aún a los legisladores, informó Ramírez.
En vista de que la Asamblea Legislativa no tiene ningún tipo de armas ni proceso disciplinario de ninguna clase para castigar a los diputados, el presidente del Congreso dijo que pondrá de nuevo en discusión, durante la reunión de los jefes de fracción de este jueves, la posibilidad de impulsar el proyecto de reforma constitucional para establecer las faltas al deber de probidad como una causal para la pérdida de la credencial de diputado.
Diputados de fracciones grandes y de bancadas minoritarias se han opuesto a crear un régimen sancionatorio que, incluso, podría despojarlos de la curul.
De los supremos poderes, prácticamente solo los legisladores carecen de un régimen que los sancione.
Luego de conocerse la recomendación de la Procuraduría de la Ética, Morales Zapata criticó públicamente la solicitud, con una intervención en el plenario del Congreso, donde dijo que se trataba de un “informe atroz y desinformado”.
Es más, alega que la Procuraduría pide que a él se le sancione en circunstancias y por hechos similares por los que ha eximido a otros diputados en periodos anteriores.
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"En mi caso, es evidente que lo que hice fue una consulta, me fue respondida y no se generó beneficio alguno para el interesado. La Procuraduría se aparta de sus propios precedentes, como si no existieran, los ignora y se presta para una persecución en mi contra sin sonrojo alguno", dijo Morales el lunes, en el plenario.
En un comunicado de prensa difundido el lunes por la tarde, la Casa Presidencial manifestó que apoya en todos sus extremos los informes de la Procuraduría sobre Víctor Morales Zapata y que están dispuestos a colaborar en todo.