Procuraduría pide a Asamblea tomar medidas contra Víctor Morales Zapata
Advierte de que la influencia de diputados sobre instituciones públicas debe ser erradicada
20/10/2017 Salón de Beneméritos, Asamblea Nacional. Este viernes por la mañana comparecieron, ante la Comisión Legislativa que investiga el Caso de la Importación de Cemento Chino y Creditos Bancarios, los diputados Rolando González y Victor Morales Zapata (en la foto). Estuvieron presentes los diputados: Ottón Solís; Ronny Monge; Patricia Mora, Julio Rojas y Sandra Pizk, entre otros. Foto: Rafael Pacheco Rafael PACHECO GRANADOS
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) pidió a la Asamblea Legislativa tomar medidas contra el diputado Víctor Morales Zapata por haber llamado al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, para interceder por un pago atrasado al empresario Juan Carlos Bolaños, por un contrato que este tenía con esa entidad.
Según precisó la Procuraduría, luego de investigar preliminarmente el caso, se emitió el informe AEP-INF-017-2017, el cual fue remitido al Directorio legislativo “para que se ponga en conocimiento de la Asamblea Legislativa en pleno y se tome una decisión respecto a los alcances de la investigación efectuada contra el diputado Víctor Morales Zapata”.
Víctor Morales Zapata, diputado designado en la papeleta del PAC por el presidente Luis Guillermo Solís. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)
Asimismo, la PEP recomendó al Congreso tomar medidas para eliminar la práctica de que, utilizando su investidura, los diputados accedan a funcionarios de instituciones públicas para consultar sobre el estado en que se encuentran trámites o gestiones de proveedores, lo que la Procuraduría considerar una “práctica indebida”.
En criterio de este órgano, esas acciones deben ser prohibidas porque pueden dar lugar a actos de corrupción, así como al ejercicio de la figura conocida como “influencias indebidas”, que podrían beneficiar intereses particulares, sus propios intereses o los de terceros a expensas y en contravención de los intereses públicos y el deber de probidad, que cobija el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”.
