EscucharWashington. Empresarios de Estados Unidos alertaron el miércoles del impacto negativo de que unos 200.000 trabajadores legales salvadoreños pierdan su permiso de estadía en el país y urgieron a lograr una solución definitiva para ellos y sus familias.
La coalición de trabajadores esenciales EWIC, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y varias cámaras de la construcción y afines recordaron que, para el próximo lunes, el gobierno de Donald Trump debe decidir si renueva o no el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador.
El TPS, que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, fue creado para El Salvador en 2001, luego que el país fue devastado por dos terremotos ese año. Pero la administración Trump podría cancelarlo, como ya lo hizo para Haíti y Nicaragua, en el marco del endurecimiento de la política migratoria.
“En lugar de convertir a 200.000 trabajadores legales en trabajadores ilegales, la administración debería permitirles permanecer en Estados Unidos legalmente y llamar al Congreso para encontrar una solución”, indicaron los empresarios en una solicitud publicada en el diario The Washington Post.
El 88% de los salvadoreños con TPS trabajan y no califican para asistencia pública, casi un tercio paga una hipoteca por su casa y es padre o madre de 193.000 niños nacidos en Estados Unidos, recordaron.
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“Estos inmigrantes son personas muy trabajadoras que contribuyen a nuestra economía, a nuestras comunidades y a nuestras industrias”, señaló el EWIC.
La Cámara de Comercio destacó el “impacto adverso” de cancelar el programa, y subrayó el aporte de estos trabajadores a los sectores de la construcción, el procesamiento de alimentos y la hotelería, entre otros rubros.
La declaración rechaza que estos trabajadores representen una competencia para los estadounidenses y destaca la necesidad de emplearlos en una economía en crecimiento y con escasez de mano de obra calificada.
Activistas y académicos pidieron el miércoles al gobierno que mantenga el TPS para El Salvador, en espera de que finalmente se legisle sobre el tema.
Frank Sharry, fundador de la coalición de movimientos sociales America’s Voice, y Dennis Stinchcombre, del Centro de estudios latinoamericanos de la American University, insistieron en que no están dadas las condiciones para el retorno seguro de los afectados a El Salvador, uno de los países más violentos del mundo.
En una conferencia con periodistas, el activista de origen salvadoreño Oscar Chacón, de la Alianza Américas, destacó además el golpe que significaría la cancelación del TPS para la economía de El Salvador, altamente dependiente de las remesas que envían sus ciudadanos desde Estados Unidos.
