Los países cooperantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deben preguntarse si sus buenas intenciones quedan satisfechas con la costumbre de donar $1 millón a los gobiernos del área cuando comienzan sus mandatos. Los fondos no reembolsables son bienvenidos en tanto exista el compromiso de gastarlos con la transparencia y los controles propios de toda democracia, incluidas las de los países cooperantes.
El BCIE entrega el dinero para uso discrecional. Así, invita a gastarlo en actividades que no se ven bien si aparecen en las cuentas públicas. Nuestro país y el resto de la región tienen grandes necesidades cuya solución permitiría aprovechar hasta el último céntimo de la generosa contribución de naciones como España y Corea, pero entregar el dinero sin sujeción a las buenas prácticas en el manejo de la cosa pública fomenta los vicios de donde nacen muchas de esas necesidades.
La lucha por la rendición de cuentas todavía no ha sido ganada en Costa Rica y, mucho menos, en las demás naciones de la región. Para hacer el bien, el dinero del BCIE no tiene por qué invertirse sin condiciones. Algunos gobernantes costarricenses lo han demostrado a lo largo de sus mandatos.
Laura Chinchilla incorporó los fondos al presupuesto de la presidencia. En consecuencia, las contrataciones quedaron sujetas a las normas de control del gasto. La plataforma de compras públicas CompraRed —entonces no existía el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop)— fue utilizada para licitar tres proyectos dedicados a mejorar la imagen del gobierno.
Carlos Alvarado trasladó los fondos al presupuesto del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para financiar “los estudios de factibilidad técnica, financiera y ambiental del Proyecto del Tren Rápido de Pasajeros”. El concurso para la contratación directa se hizo mediante el Sicop.
Pero si el manejo transparente del dinero queda a criterio del gobernante, nadie debe sorprenderse de la opacidad del gasto. Óscar Arias y Luis Guillermo Solís obviaron los mecanismos internos de control y los fondos fueron ejecutados por un ente externo, sin aplicación de las normas de transparencia del sector público. Lo mismo sucede en la actualidad.
En los tres casos, el BCIE terminó financiando escándalos mayúsculos. En el gobierno de Arias, los cuestionamientos y audiencias desembocaron en un desafortunado criterio de la Contraloría General de la República que no encontró perjuicio para la Hacienda pública porque el dinero no ingresó a las arcas del Estado, pues el BCIE proveyó los bienes y servicios. Así se pagaron 84 asesorías legales y de imagen cuyos contratistas eran escogidos a dedo por la Casa Presidencial, y se financiaron otros servicios, incluidos un músico y un cocinero.
Solís depositó el dinero en la cuenta de la polémica Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), en su calidad de “organismo ejecutor” externo. El convenio firmado con el BCIE pretendía fortalecer las capacidades de monitoreo, evaluación, gestión y divulgación de la presidencia. Aunque el Partido Acción Ciudadana fue uno de los principales críticos del manejo de la cooperación no reembolsable en el gobierno de Arias, terminó imitándolo una vez en el poder.
Ahora, un crítico de todo lo ocurrido hasta el momento hace exactamente lo mismo, con el agravante de que los entretelones de una contratación trascendieron a la opinión pública y no solo incumplen las normas mínimas de transparencia, sino también despiertan serias dudas. El contratista, según la exministra de Comunicación Patricia Navarro, dijo haber redactado el borrador del concurso junto con Federico Cruz, asesor de imagen del mandatario. Según Navarro, el futuro ganador del concurso prometió al presidente, Rodrigo Chaves, contratar, en su agencia de publicidad, al corredactor del borrador, que también incursiona en la política como presidente del partido del mandatario y ha confesado el uso de técnicas engañosas en la campaña electoral.
El borrador coincide, en casi todo, con el concurso publicado por el BCIE, pero el gobierno lo esgrime como credencial de transparencia. En este aspecto, el Banco tampoco hace un favor a la democracia en América Central. El BCIE no debería servir de mampara para la opacidad ni promover prácticas tan alejadas de las deseables. El Banco y el gobierno no han respondido a la solicitud de acceso al expediente ni al contrato.
En estos tiempos de troles, bots, manos izquierdas y otros métodos de desinformación, es indispensable que el público sepa en qué consiste la “consultoría estratégica” en servicios de comunicación para la presidencia de la República. El BCIE debería tener el mismo interés para asegurar que el dinero de las democracias cooperantes no sirva, en nuestro país ni en ningún otro, para incrementar el daño a la democracia más allá de la falta de transparencia y la desatención de las normas de control que el Banco viene prohijando.