Doña Marta Esquivel, yo estuve ahí. El 30 de octubre, cuando compareció ante la Comisión Especial de la Provincia de Cartago; el 25 de enero, cuando fue llamada por los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos; y el 8 de febrero, cuando regresó a rendir cuentas a esa comisión.
Cubrí las tres comparecencias como periodista de La Nación. La seguí por el pasillo de la Asamblea junto a los colegas de otros medios, cuando usted salió en carrera, huyendo de la prensa a paso largo.
Ninguno de nosotros la agredió físicamente. Simplemente, le formulamos las preguntas pertinentes en condiciones incómodas de espacio, interrogantes a las que usted nunca respondió.
Usted parece interpretar nuestro trabajo como una amenaza a su integridad, pero permítame recordarle, ya que quizás lo olvida con frecuencia, que como funcionaria está obligada a rendir cuentas. Es tarea de los periodistas cuestionar y pedir explicaciones a personas como usted.
Los diputados, como representantes del primer poder de la República, la convocaron por asuntos relevantes. Nos referimos al hospital regional de Cartago, una demanda ciudadana desde hace más de dos décadas, mientras que la Junta Directiva de la CCSS aplaza la decisión sobre un nuevo terreno.
También del freno al portafolio de inversiones de la CCSS y de informes actuariales sobre la situación financiera institucional, sobre los cuales se sospecha que habrían sido maquillados para justificar muchas de las medidas que la administración está tomando.
Los periodistas, como es nuestro deber, la esperamos pacientemente con nuestras cámaras y grabadoras para que usted dé declaraciones en cada ocasión, aunque sea simplemente un respetuoso “no, no voy a dar declaraciones”.
Sin embargo, la mayor parte del tiempo, usted ha optado por retirarse precipitadamente para evitar todo contacto con la prensa.
El 25 de enero, estaba tan concentrada transmitiendo en vivo su comparecencia que apenas me percaté de la presencia de dos hombres en la sala donde permanece el público mientras la comisión de control de ingreso y gasto sesionaba.
Ahí estaban los dos grandototes que llamaron la atención de la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, y luego se convirtieron en epicentro de un pulso entre dos poderes del Estado.
Eran dos agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) que usted solicitó para que resguardaran su integridad física de nosotros, los periodistas. Estuvieron varios minutos rodeados de esa prensa peligrosa a la que usted tanto teme.
Cada vez que buscamos una declaración suya o de otro funcionario o figura relevante, nos vemos inmersos en una maraña de empujones y roces. Personalmente, debido a mi estatura, suelo recibir codazos involuntarios de mis colegas. Probablemente, yo también haya empujado a alguien sin intención.
Quienes han cubierto la Asamblea conocen la estrechez de los pasillos y las dificultades para la cobertura periodística de las comisiones (empezando porque no hay suficientes enchufes para cargar las computadoras).
Por la distancia a la que me encontraba el 25 de enero, no fui víctima de sus guardaespaldas, pero presencié el choque de uno de esos “grandotototes” contra un colega, con la evidente intención de impedirle su trabajo periodístico.
En esa ocasión, usted huyó “protegida” por los agentes de la UEI. La última vez, el 8 de febrero, quien la resguardó de la prensa fue un significativo contingente de seguridad de la Asamblea.
Usted logró su cometido —salir sin hablar con los periodistas—, y nosotros nos quedamos sin declaraciones, es decir, usted violó nuestro derecho a informar y el de los costarricenses a ser informados.
aavalos@nacion.com
La autora es periodista, máster por la Universidad Complutense, con formación en CDC y NIH. Fue redactora del año de La Nación en 1998 y, entre otros reconocimientos, recibió el Premio SIP 1997, el Premio Nacional de Periodismo de Salud de la OPS en el 2002 y el Premio de la Cámara Costarricense de la Salud en el 2022. Es coautora de “Comunicación, palanca para la acción en salud”.