El PLN, el PUSC, Restauración, fabricistas y otros partidos sumaron una abrumadora mayoría para ganar el control absoluto de la Asamblea Legislativa, este sábado 1.° de mayo, y restarle todo el poder posible al PAC, el partido en el Gobierno, durante el último año del actual Congreso.

Si bien el triunfo es notorio, también lo es la enorme cuota de responsabilidad, por no decir ‘cogobierno’, que la oposición asume con esta decisión en un año trascendental para el futuro del país. Las circunstancias exigen que el bloque opositor ejerza un papel responsable y propositivo en materia de finanzas públicas, junto con sus agendas de reactivación económica.

Por ahora, hay buenas señales, pero entramos al último año legislativo de la mano con la campaña electoral, lo que generará muchas tentaciones.

-El contexto del 1.° de mayo

Con la promesa conformar un Directorio legislativo de oposición para mantener a raya al Partido Acción Ciudadana (PAC), incluso en las comisiones legislativas, la diputada Silvia Hernández, de Liberación Nacional (PLN), logró sumar al menos 41 votos para ganar este sábado la presidencia legislativa.

En los puestos propietarios del Directorio, a Hernández la acompañarían diputados de Restauración Nacional (PRN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Además del PRN y del PUSC, Liberación reunió votos de:

-El bloque fabricista Nueva República

-El Republicano Social Cristiano (PRSC)

-Integración Nacional (PIN)

-Y de diputados independientes.

El PAC, por su parte, recibirá la derrota apoyando la candidatura de la socialcristiana María Vita Monge, quien no será respaldada por sus compañeros de fracción. La bancada oficialista no pierde la esperanza de controlar algunas comisiones como las de Gobierno, Ambiente y Derechos Humanos, así como la vicepresidencia en Hacendarios. Este último cargo es clave para lo que viene.

En alianza con el PLN, la Unidad regresará al poder administrativo del Congreso luego de dos años de ausencia en los que se negó a participar en cualquier acuerdo que incluyera al partido en el Gobierno.

Esta vez, la promesa de desmarcarse del PAC reunió a la mayoría de opositores, incluso a los diputados separados de Restauración y Nueva República.

Al ganar el Directorio, la oposición no solo controlará el manejo administrativo de la Asamblea, sino que también dirigirá la agenda legislativa durante seis meses de sesiones ordinarias y podrá tomar resoluciones vitales para el desenlace de ciertos proyectos de ley. El control de la agenda legislativa es el siguiente:

-De mayo a julio, la controla el Gobierno

-De agosto a octubre, los diputados

-De noviembre a enero, el Gobierno

-De febrero a abril, los diputados

La oposición está diciendo ‘podemos prescindir del partido de gobierno para manejar el rumbo legislativo’, algo similar a lo que le ocurrió en el 2011 a la entonces presidenta Laura Chinchilla.

El propio Ottón Solís, fundador de Acción Ciudadana, advirtió en ese momento: ‘Eso es cogobernar’.

Ese experimento, liderado por el PAC cuando este partido era oposición, registró el capítulo del descarrilamiento de una reforma fiscal que el propio PAC debió comerse políticamente en el 2018, siete años más tarde, cuando ya la situación había empeorado mucho.

Desde el 2011, los Directorios de oposición pasaron de lo excepcional a lo común, pero casi siempre con participación del partido de Gobierno. Ahora, retornamos a una administración legislativa totalmente de oposición.

Este un año delicado en el que puede haber varios martillazos sanitarios que afecten las finanzas públicas y el empleo y, esta vez, sin bonos Proteger para miles de personas que ganan por semana.

-Las buenas señales y el camino por delante

Bajo la presidencia de la candidata a presidir el Congreso, la Comisión de Asuntos Hacendarios trabajó esta semana horas extra, de manera virtual, mientras el Congreso estaba cerrado por razones sanitarias.

La diputada Silvia Hernández empujó el trabajo para dictaminar dos importantes proyectos y avanzar en la discusión de un tercero en solo una semana.

Primero, el miércoles, la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó por unanimidad el crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual forma parte de un plan de ajuste de las finanzas públicas.

Esto nos lleva a lo siguiente:

El compromiso adquirido con el FMI es un asunto serio. El país corre un gran riesgo si, después de aprobar el crédito, empieza a evadir las medidas acordadas para equilibrar las finanzas públicas. De ocurrir ese escenario, quedaríamos como quien pide ayuda para salir de sus deudas y luego se niega a corregir sus malos hábitos financieros.

La reputación del país está en juego.

El FMI programó desembolsos semestrales de $296 millones cada uno durante tres años. El primero será girado con solo la aprobación del préstamo en el Congreso. Los demás quedan sujetos a revisiones semestrales del cumplimiento de medidas.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, les explicó a los diputados que el préstamo no es un fin en sí mismo, sino que es una llave de credibilidad de Costa Rica ante el mercado internacional; es una prueba de su compromiso con el saneamiento de sus finanzas públicas, las cuales alcanzaron inéditas cifras negativas en el 2020.

En la misma comisión, el jerarca del BCCR les expuso a los diputados las consecuencias que tendría no aprobar los proyectos de ley que forman parte del acuerdo, como renta global, eliminación de exoneraciones, reforma a impuesto a casas de lujo, impuesto a premios de lotería y aportes de empresas estatales.

El incumplimiento derivaría en una suspensión de los desembolsos previstos, pero ese no sería el único problema.

“Una vez que se suspende el programa, no solo no habría más desembolsos, sino que se anuncia públicamente que el programa se ha suspendido y eso significa que la comunidad internacional entiende que el país no está cumpliendo con metas.

“Generaría un impacto muy negativo sobre los diferenciales de tasas de interés que tiene que pagar el país, tanto en mercados domésticos como en mercados internacionales.

“Es decir, agrandaría enormemente el costo de financiamiento y, para el país, sería un shock muy negativo no mantener en vigencia el programa con el Fondo Monetario”, respondió Cubero, ante consultas del legislador Carlos Avendaño, de Restauración.

Por eso, es contradictoria la posición del diputado fabricista Harllan Hoepelman, quien votó a favor del crédito en la comisión argumentando que su aprobación no está sujeta al cumplimiento de las medidas fiscales acordadas con el Fondo Monetario y que su partido se opondrá a todos los planes de ajuste fiscal en materia de impuestos.

Ese es precisamente el juego peligroso. No es como lo dice Hoepelman.

Si el país aprueba el crédito, debe cumplir con su responsabilidad fiscal.

Si por poses electorales los diputados huirán de las reformas tributarias, rondaremos el campo del incumplimiento.

A su vez, la diputada liberacionista Franggi Nicolás, presidenta de la Comisión de Jurídicos, se opone al proyecto de eliminación de exoneraciones en el punto elimina el trato preferencial, en el cobro de impuesto de renta, a la repartición de excedentes de las cooperativas.

-Hacienda: Si cambian, que no descuiden las metas

Consciente de que los diputados tienen derecho de enmienda, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, les rogó a los diputados que, si van a cambiar los planes tributarios, se aseguren de no debilitar las metas de equilibrio.

Básicamente, les dijo que, si le quitan al Gobierno cierta cantidad de millones de colones atenuando una reforma de impuestos, por ejemplo, repongan el dinero por otro lado, ya sea por la vía de nuevos ingresos o de recorte de gastos.

Ningún camino es sencillo. Partidos como el PUSC rechazan impuestos, pero algunos de sus miembros dejan de jalar la carreta cuando se trata de recortar gastos, como ocurrió con la reforma al empleo público.

De manera que, en el año legislativo que empieza, los legisladores no pueden dedicarse únicamente a cuidar los votos de febrero del 2022, sino que tienen una altísima responsabilidad y la oposición decidió controlar totalmente el Congreso.

Les tocará proponer alternativas. La futura presidenta legislativa es economista y conoce bien este campo.

Los legisladores de oposición podrán llevar adelante su agenda de reactivación económica, pero deben cumplir con el ajuste fiscal, el cual es imprescindible para la reactivación.

Adicionalmente, esta semana, la Comisión de Hacendarios sacó adelante el dictamen de un presupuesto extraordinario para girar ¢28.000 millones a vivienda social y avanzó en la discusión de un crédito de $300 millones del Banco Mundial.

El Gobierno, por su parte, se ahorró ¢183.000 millones en el 2020 gracias a dos medidas que atacaron la dispersión de recursos públicos en numerosas cuentas bancarias y, en su lugar, los concentraron en la Caja Única del Estado.

Hay buenos augurios. Si la estabilidad fiscal avanza de la mano con proyectos bien afinados de reactivación económica de la oposición, el país se podría ver beneficiado; veremos cuál es la solidez del bloque cuando vengan los temas más álgidos.