El caos vehicular y la crisis de agua potable que vivimos en la actualidad no llegaron sin que antes hubiese advertencias ni señales.
Durante años, hubo presagios de que el sistema de transporte público se estaba quedando rezagado frente a las necesidades de la población, mientras la flota vehicular aumentaba considerablemente sin que la red de carreteras creciera al mismo ritmo.
La cantidad de vehículos en Costa Rica creció en casi un 140% en los últimos 20 años (pasó de 730.000 a 1.750.000), dando paso a un fenómeno de miniaturización del transporte. Se disparó el número de vehículos que transportan una sola persona, como las motocicletas y los autos livianos, en lugar de dar prioridad a los que transportan grandes cantidades de usuarios. El sistema político no fue capaz de impulsar la modernización del tren o cualquier otro sistema masivo de transporte.
En cuanto al agua, desde principios de siglo, hubo advertencias de expertos acerca de la falta de infraestructura para mantener el nivel de abastecimiento de agua potable que había logrado el país. Ahora, además, se cumplen los anunciados efectos del cambio climático.
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El lector se preguntará qué tienen que ver el transporte y el agua con las pensiones citadas en el título de esta entrega. El factor común es la abundancia de advertencias y señales sobre problemas de financiamiento en el sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El lunes de esta Semana Santa, el periodista de La Nación, Óscar Rodríguez, publicó una nueva evidencia: el gobierno lleva seis años de incumplir con el aporte estatal para pagar las pensiones mínimas del IVM. Acumula una deuda de casi ¢255.500 millones por este concepto, lo que ha obligado a la CCSS a utilizar las ganancias de sus inversiones para cubrir el faltante. La pensión mínima es de ¢153.000 mensuales, y este es el monto que recibe casi la mitad de los jubilados del IVM.
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Sin embargo, esta es una de muchas señales. El año pasado, trascendió que el gobierno tampoco ha pagado los aportes estatales para las pensiones de los asalariados, los trabajadores independientes, los asegurados voluntarios y los trabajadores cubiertos por convenios especiales. Para los años 2022 y 2023, el Ejecutivo omitió presupuestar más de ¢100.000 millones en cada año y, para el 2024, otros ¢71.000 millones.
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La CCSS ha advertido en varias ocasiones sobre el peligro de usar la reserva del IVM para pagar las jubilaciones en curso. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, califica de devastador, para las finanzas públicas, el aumento gradual en las cuotas para las pensiones del IVM.
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Este año, entró a regir una reforma que eliminó la pensión anticipada para los hombres y redujo las nuevas pensiones entre un 3% y un 12%. Con el cambio, el uso de la reserva del IVM estaba previsto para el 2030, pero hay grandes dudas sobre esa fecha debido al incumplimiento estatal.
El demógrafo Luis Rosero Bixby proyectó que el IVM entrará en un nivel crítico en poco más de 10 años, a mediados del 2035, cuando haya menos de cuatro trabajadores por cada persona en edad de jubilación. En 1980, había hasta 12 individuos en edad laboral por cada adulto mayor, lo que ayudaba a sostener el sistema de pensiones, pero la caída en la natalidad redujo la cifra a siete en el 2024.
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“Lo peor, y lo más preocupante, es que va a llegar a un nivel muy cercano a 1 dentro de 50 años”, expresó el demógrafo en un artículo de la periodista Irene Rodríguez.
Resolver el problema no es fácil debido al costo político. Todos los gobiernos han pateado la bola. Los estudios serios han señalado la necesidad de tomar alguna de estas medidas o llevar a cabo una combinación de ellas: aumentar los recursos para las pensiones del IVM, reducir el monto de las jubilaciones o aumentar la edad para pensionarse.
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Las últimas dos opciones no son nada atractivas y la primera conlleva una pregunta clave: ¿Quién pagará el aumento, si el propio gobierno no puede siquiera pagar las cargas actuales? Puede haber numerosas opciones, posiblemente tributarias o de redireccionamiento de recursos, pero para eso se requiere una conducción política dispuesta a asumir el costo.
De lo contrario, así como ocurrió en el 2007 cuando el país vivió apagones eléctricos por falta de inversión, se corre el riesgo de que el más mínimo desajuste desate el inicio de una crisis en pensiones, como ocurre hoy con un cierre vial o un choque en una autopista, o bien, como los habitantes de Hatillo, Tibás y Heredia pasan horas diarias sin agua.
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Nos contactamos de nuevo en una semana. Anoto, abajo, mis recomendaciones de lectura de la semana. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
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