La actitud de la mayoría de diputados ha sido pasmosa ante uno de los casos de presunta corrupción más preocupantes de los últimos tiempos: la aparente construcción de un puente, con recursos municipales, en la finca privada en donde el sospechoso de narcotráfico y lavado de dinero, Darwin González Hernández, planeaba edificar una embotelladora de agua, en Río Bonito de Corredores.
Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación.
Esta semana, trascendió que el maestro de obras de la Municipalidad de Corredores, Miguel Ángel Cubero, le declaró al OIJ que el alcalde Carlos Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), le ordenó construir el puente en el 2020. Además, aportó pruebas contenidas en su teléfono celular.
A finales del año pasado, los diputados omitieron este caso en las conclusiones de la comisión que investigó la penetración del narcotráfico en la política. La investigación fue abierta luego de conocerse que el diputado verdiblanco, Gustavo Viales, hijo del alcalde Viales, visitó en la Semana Santa del 2021 el condominio donde, semanas después, fue detenido el presunto líder narco Darwin González.
Después de que el testimonio del maestro de obras fue revelado el pasado martes 4 de enero, los diputados que aprobaron el informe no emitieron un solo discurso de preocupación en el plenario legislativo.
No pronunciaron ni una sola palabra; no expresaron consternación alguna por el riesgo que esto significa para la democracia; ni siquiera se asomó una molestia por la posibilidad de que el alcalde los haya burlado cuando compareció ante ellos.
Tampoco hubo llamados a enmendar la situación, es decir, a investigar hasta las últimas consecuencias.
El miércoles 5, el candidato de Liberación, José María Figueres, presentó al público su comisión de ética; sin embargo, al cabo de cuatro días de fuertes revelaciones sobre el caso de Corredores, el grupo no ha emitido pronunciamiento alguno. En tanto, los diputados del PLN y del PUSC se mostraron reacios a replantear la investigación ante los nuevos hallazgos.
Desde abril del 2021, La Nación había dado a conocer la aparición de un puente “fantasma” en la finca vinculada a Darwin González y el silencio de los funcionarios municipales al respecto.
Estas son las principales afirmaciones de la declaración del maestro de obras, la cual fue dada a conocer por Telenoticias:
-El alcalde Carlos Viales y el ingeniero municipal Robert Fernández Masís lo contactaron para ordenarle construir el puente en la propiedad relacionada a González; la obra se desarrolló entre agosto y noviembre del 2020.
-La estructura fue construida con recursos municipales, como personal, materiales, maquinaria y pago de horas extra.
-El alcalde le daba constante seguimiento y supervisión a la obra.
-Existen (y ya están en manos de las autoridades judiciales) numerosos chats en donde Carlos Viales dialoga con el maestro de obras sobre el avance del puente. Hasta una cotización de materiales aparece entre los mensajes.
-El alcalde y el ingeniero municipal amenazaron al maestro de obras para que no revelara la realidad del puente. El ingeniero le dijo que debían estar alineados y lo increpó por las fotos de la obra que salieron en la prensa en el 2021. Le ofreció un abogado, una mejora salarial y hasta un préstamo, porque todos estaban “embarrados”.
Adicionalmente, en una entrevista con Telenoticias de Canal 7, Miguel Ángel Cubero aseguró que la cuadrilla municipal vio al alcalde Carlos Viales entrar a la finca para asistir a reuniones.
-El alcalde consiguió una certificación del departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Corredores para decir que no existía inversión municipal en el puente, la cual le fue emitida sin problemas porque, como explicó el maestro de obras, “no existe información de nada en esa oficina, ya que ellos lo hicieron todo por debajo, sin dejar registro”.
Este último punto es fundamental porque Carlos Viales llevó ese y otros tres documentos emitidos por despachos del ayuntamiento a su comparecencia ante los diputados, el 21 de setiembre del 2021.
“Creo que eso es más que suficiente para decir que la Municipalidad no ha construido ningún puente dentro de una propiedad privada”, declaró el alcalde bajo juramento.
Ese día, los diputados llenaron de elogios al alcalde y dieron por ciertas sus certificaciones. Jorge Fonseca, del PLN, dijo que no quedaba duda alguna, entre los costarricenses, de que lo dicho por Carlos Viales era cierto. A su versión le dio el grado de “irrefutable”. Calificó al alcalde de víctima y agregó que los medios se habían ensañado con él.
Karine Niño, también del PLN, le sugirió disculparse al diputado Luis Ramón Carranza, del PAC, quien había cuestionado al alcalde.
“Todo le parece raro, todo es raro, pero le traen pruebas y sigue siendo raro. ¿Hasta cuándo vamos a tener una intervención real o justamente una simple disculpa?”, le dijo.
Niño, además, confesó que nadie quería ser parte de la comisión en la que se cuestionaría a políticos, incluido el hijo del alcalde, su compañero diputado Gustavo Viales.
Ante ese mismo foro, el legislador Viales alegó que visitó el condominio vinculado a Darwin González, en Heredia, para recoger unos documentos que le envió el presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría, quien también es investigado por el OIJ por presuntos favores, con permisos municipales, para la supuesta banda narco.
Por último, la presidenta de la comisión, la diputada independiente Zoila Rosa Volio, le dijo al alcalde: “Realmente muy provechosa su intervención; aclaró muchísimas dudas y, como dice la diputada Karine, con pruebas oficiales en que podemos nosotros fundamentarnos; como presidenta, le doy muchísimas gracias”.
En consecuencia, en diciembre pasado, los diputados aprobaron un informe de la comisión investigadora que, en sus conclusiones, omitió hacer referencia alguna al alcalde Carlos Viales y al diputado Gustavo Viales. El documento lo único que hace es mencionar, entre las páginas 77 y 81, que el alcalde entregó certificaciones de descargo.
También, quedó por fuera cualquier alusión a las gestiones que el diputado del PUSC, Óscar Cascante, hizo ante instituciones en favor de los sospechosos de integrar otra presunta banda narcotraficante, la del denominado caso Turesky. Estos detenidos por presunto lavado de dinero buscaron acceso a entidades públicas para desarrollar negocios turísticos y de viviendas de interés social.
Por iniciativa de Restauración Nacional, los diputados descartaron interrogar a los sospechosos del caso Turesky.
Al cabo de solo 12 sesiones, el informe final fue firmado por dos diputados del PLN, una de Restauración, uno de Republicano Social Cristiano y los independientes Erick Rodríguez y Zoila Rosa Volio.
Al consultársele si estaba satisfecho con la investigación hecha por los diputados, José María Figueres alegó que el PLN no tenía mayoría en este foro.
Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que la investigación de los diputados es una “vergüenza”, porque evitaron indagar la verdad para no afectar la campaña electoral.
La diputada Zoila Volio ha argumentado que no pudieron investigar más porque el asunto está judicializado. Si este argumento fuese válido, los diputados no habrían podido investigar numerosos casos a lo largo de la historia, como Cochinilla, el cemento chino, la estafa del PAC o la estafa del Libertario, solo por citar algunos.