Una mayor organización de las bandas criminales y el uso de alta tecnología para cometer delitos ambientales, obligan a guardaparques y policías a sumar esfuerzos tanto dentro como fuera de los parques nacionales.
Por ello, los ministerios de Ambiente y Energía (Minae) y Seguridad Pública (MSP) firmaron este miércoles un convenio de cooperación con el Poder Judicial para favorecer el trabajo conjunto en esta materia.
Este convenio tiene una vigencia de tres años con posibilidad de extensión.
Su objetivo es fortalecer la investigación policial y judicial de los casos ambientales y contribuir a evitar la impunidad.
“Históricamente hemos acarreado un injusto desbalance con respecto al peso de los delitos de carácter ambiental. Por tradición han sido percibidos por la Administración como si fuesen de menor rango y con ello se afecta la percepción de la ciudadanía sobre la obligación de cuidar el medio ambiente. Restarle peso a lo ambiental ha propiciado un desmérito del rol fundamental que cumple la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural como base para el desarrollo de los países y se ha abierto un portillo para que los delitos ambientales no sean penados con la magnitud que se merecen”, comentó el ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez.
En promedio, la Fiscalía tramita 2.000 denuncias ambientales al año, la mayoría por delitos en contra de los recursos forestales y la vida silvestre.
Ante la cantidad y complejidad de los casos, el Minae y el MSP programan la creación de una policía ambiental en el corto plazo. No obstante, aún está pendiente su fuente de financiamiento.
“De allí la importancia de dotar al Estado de los recursos que necesita para implementar la política pública (...). Debemos poner en revisión la política fiscal del Estado y si no logramos hacerlo, pues seguirán las redes criminales destruyendo Corcovado y de nada servirá tener una ley fuerte en contra de la cacería porque no se tendrá suficiente personal para pararla”, enfatizó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
Comisión. Como resultado de esta alianza entre ministerios y el Poder Judicial, se creó una comisión de seguridad ambiental, cuya función es recopilar, analizar y sistematizar información relativa a delitos ambientales.
También tiene la potestad de conformar grupos temporales de investigación criminal. “La idea es que los cuerpos policiales establezcan las estrategias operativas”, dijo Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública.
Asimismo, se coordinaría con Interpol para contar con apoyo técnico, logístico y económico, ya que muchos de estos delitos trascienden las fronteras.
Por ejemplo, la tala ilegal del árbol de cocobolo es perpetrada por bandas organizadas que están dotadas de alta tecnología y cuyos compradores están en Estados Unidos y China.
Incluso, las autoridades costarricenses vinculan ciertos delitos , como deforestación, tráfico ilegal de especies y usurpación de áreas silvestres protegidas, con el narcotráfico.
Según Interpol, los delitos ambientales aportan hasta $213.000 millones anuales a organizaciones criminales en el mundo.
“El combate de los delitos ambientales constituye una prioridad del Estado, debido al impacto negativo que acarrean. Resulta necesario continuar realizando esfuerzos permanentes para lograr una mayor eficacia en la denuncia, investigación y juzgamiento de estos delitos. De igual forma, debemos enfocar esfuerzos hacia una sensibilización de la población”, dijo Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.