La Fundación MarViva manifestó su descontento por el dictamen positivo emitido este jueves por la Comisión Especial de Asuntos Puntarenenses de la Asamblea Legislativa al proyecto denominado "Ley para el ejercicio sustentable de la pesca Semiindustrial Camaronera en Costa Rica".
Según la organización regional MarViva ese proyecto busca reinstaurar la pesca de arrastre de camarón, sin resolver el impacto negativo que provocan estas redes en los fondos marinos y en la economía de las comunidades pesqueras artesanales de Puntarenas y Guanacaste, debido a que las redes de arrastre de esos barcos atrapan de manera accidental peces juveniles que luego se tiran sin vida al mar.
Huelga de camaroneros por vencimiento de licencias muelle de INCOPESCA. Fotos: Albert Marín (albert marin)
De acuerdo con MarViva, si esos peces lograran desarrollarse, beneficiarían la procreación y las capturas de flotas artesanales de Guanacaste y Puntarenas.
Asimismo expertos del Centro de Investigaciones del Mar y Limnología (CIMAR), de la Universidad de Costa Rica, aseguran que ese proyecto, tal y como está planteado, no es viable técnicamente.
Así lo indicaron durante una comparecencia realizada este martes 20 de febrero ante dicha comisión legislativa.
El voto de la Sala Constitucional, que prohibió renovar las licencias a los camaroneros, señala que la pesca de arrastre es contraria al principio de desarrollo sostenible, y al principio de justa distribución de la riqueza. Además, dispone que permitir el uso de estas redes compromete seriamente la seguridad alimentaria del país.
El proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa propone la utilización de un dispositivo excluidor de peces para solventar todas estas deficiencias y fue aprobado por los diputados Agnes Gómez, del PLN; Rodolfo Sotomayor, del PUSC; y Adonay Enríquez, del Movimiento Libertario.
Jorge Arturo Jiménez, director ejecutivo de MarViva, considera inaceptable que el trámite legislativo lo hiciera la la comisión de diputados de Puntarenas y estima que debió conocerlo la Comisión de Ambiente.
Afirma que la Comisión de Puntarenas evitó en las audiencias la participación de las Asociaciones de Pescadores Artesanales, Comunidades Costeras y Organizaciones No Gubernamentales que, mediante escritos enviados a la Comisión, manifestaron su oposición al proyecto.
