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El viernes 3 de junio, un hombre de apellidos Marín López, de 56 años, fue capturado en Cañas, Guanacaste, como sospechoso de violar a un niño de ocho años. Este sujeto estaba en la calle pese a que tenía una condena de 16 años de cárcel por abusos sexuales a otros dos menores.
Marín fue parte de 302 agresores sexuales quienes, entre el 2014 y mayo de este año, mediante una valoración ordinaria, lograron un beneficio del Ministerio de Justicia para pasar a un régimen semiabierto donde solo duermen algunos días en centros penales.
Según estadísticas de ese Ministerio, en ese periodo se favorecieron a un total de 6.678 reclusos. De ellos, 179 fueron condenados por abusos sexuales contra menores y 123 descuentan pena por violación.
El resto de los beneficiados en ese lapso son, principalmente, sentenciados por delitos contra la propiedad (3.360), infractores de la ley de psicotrópicos (2.384) y homicidas (275).
Aunque muchos de ellos registran varios delitos, para este análisis se tomó en cuenta solo el primero por el que se les condenó.
Los agresores sexuales pasaron al régimen semiinstitucional gracias a valoraciones ordinarias que hace el Ministerio de Justicia desde hace 40 años; no obstante, solo se contó con datos de los últimos dos años y medio.
Estas reubicaciones en el estado de los reos no son parte de las circulares extraordinarias que emitió el Ministerio en agosto del 2015 y en abril de este año con el fin de bajar el hacinamiento.
Según el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, los análisis ordinarios permiten que el reo salga sin importar el delito que haya cometido, siempre que haya cumplido el primer tercio de la pena.
En cambio, en los procesos extraordinarios que se dieron meses atrás, se excluía a quienes estuviesen condenados por hechos violentos.
Se intentó conocer cuál es la reincidencia de las personas por cada delito, pero Justicia señaló que no existen esas estadísticas. A nivel general, la entidad asegura que solo un 3% de los beneficiados recaen.
El proceso. Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social, entidad que maneja las prisiones, alegó que para que a los agresores sexuales se les permita pasar a este sistema “deben cumplir con un proceso muy riguroso”.
Detalló que, para que el Instituto Nacional de Criminología (INC) dé el aval para la salida, es vital que haya un resultado positivo en el estudio victimológico que hace la Oficina Técnica, con el cual se busca proteger los intereses del ofendido.
“En este tipo de análisis hay que hacer un trabajo muy completo con la víctima principal, pero también con las secundarias, como los papás y allegados. Hay técnicas específicas que los psicólogos utilizan para ese abordaje y, al final, ellos estiman cuál es la condición del afectado. Ningún privado que tenga serios problemas en el análisis victimológico va a salir.
”En los casos en que salen es porque el afectado nos ha dicho que no tiene problema con que se reincorporen. Somos muy restrictivos”, explicó.
Además, con base en la información obtenida, se establece un plan de seguridad para prevenir inconvenientes que afecten la integridad tanto de la víctima como del condenado.
“Hacemos un análisis sobre los riesgos que hay para estar seguros de que no habrá un conflicto adicional con su salida. Hablamos con el ofensor para que evite el contacto con la familia y con la víctima, por ejemplo. Si lo hace, tendríamos que revisar si debe continuar con el beneficio”.
Villalobos agregó que otro requisito es que los abusadores y violadores hayan participado en Talleres de Atención al Ofensor durante su paso por la prisión. Estas charlas son impartidas por psicólogos y trabajadores sociales de Adaptación Social y pretenden que los reclusos acepten su culpa y trabajen para mejorar su personalidad.
Empero, admitió que no se hacen “con la frecuencia que se debiera por falta de personal”. “Estamos haciendo dos por año, cuando lo conveniente serían cuatro. Cada uno dura entre dos y tres meses”, detalló.
Control. El director de Adaptación Social añadió que, para evitar la reincidencia, la mayoría de los condenados por delitos sexuales son obligados a dormir cinco noches en los Centros Semiinstitucionales de Atención (CASI), mientras que la mayoría de los favorecidos que cometieron delitos contra la propiedad solo deben ir una noche.
Además, detalló, se realizan controles “más estrictos de lo normal” de carácter laboral y comunal. Mencionó que funcionarios visitan frecuentemente el lugar de trabajo del beneficiado sin previo aviso. Si él no está y no hay justificación de su falta, se le podría revocar el beneficio.
El jerarca apuntó que también está la Unidad de Seguimiento, conformada por 30 policías penitenciarios, quienes vigilan a los reos cuando están fuera.
En caso de que reciban una alerta indicando que el abusador o violador se está “portando mal de nuevo”, la Unidad pasa un informe al comité técnico del CASI al que pertenece el favorecido, el cual decidirá si el sujeto debe regresar al régimen cerrado.
Aunque reconoció que hay reos que reinciden, aseguró que no se puede generalizar.
“¿A cuál médico no se le muere un paciente? ¿Cuál abogado no pierde un juicio? ¿Cuál periodista no se equivoca nunca? ¿Hay algo absoluto en el ser humano? No, no lo hay.
”Ellos (los críticos) vienen a a pedirnos que tengamos un 100% de efectividad en una situación donde fracasó la familia, el Estado y la escuela. Aquí la cuestión es más profunda”, manifestó.
Agregó que si la institución contara con más recursos, tendría mejores controles. “Pero eso no significa que lo que hacemos ahora esté mal”, concluyó.
División. Mario Redondo, diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana, aseguró que el tema de las reubicaciones en general le causan preocupación, pero máxime cuando se trata de agresores sexuales.
“Consideramos que hay una enorme ligereza de parte de Justicia en la liberación de privados de libertad. Nos parece que compromete la seguridad de la ciudadanía del país. Esto reafirma lo que hemos venido sosteniendo y es que ha habido falta de cuidado en el manejo de un tema tan serio”, reprochó el legislador.
Se intentó conversar con Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para obtener su postura ante la salida de abusadores de menores, pero no respondió a los correos enviados por medio de su oficina de prensa.
