El abogado de los religiosos que demandaron al arzobispo emérito de San José, monseñor Hugo Barrantes, por calumnias y difamación, pidió ayer al Tribunal que se imponga una multa como castigo.
En el último día del debate que se realiza en el Tribunal Penal de San José, el jurista José Joaquín Ureña solicitó que la sanción sea el “extremo menor” que establece el Código Penal para estos delitos. En el caso de la difamación, eso equivale a 20 días multa. Mientras que en el de calumnia, el mínimo son 50 (el monto lo define el Tribunal). El fallo se dictará el viernes.
Causa. La querella contra Barrantes la presentaron Víctor Mora Jiménez y Rándall Murillo Barrios, dos religiosos que pertenecen a la iglesia llamada Católica Ecuménica de Cristo y Exaltación de la Cruz.
Según explicaron, se trata de una corriente religiosa independiente a la Iglesia católica romana del Vaticano.
Su queja se basa en que, en noviembre del 2011, el párroco de Cinco Esquinas de Tibás advirtió a los feligreses de “engaños” de personas que supuestamente se hacían pasar por sacerdotes para pedir dinero.
Posteriormente, el entonces arzobispo Hugo Barrantes, reiteró la advertencia y emitió un comunicado, el cual fue reproducido por medios de prensa.
Según los denunciantes, en ese comunicado se les llamó falsos profetas y estafadores.
José Joaquín Ureña, abogado querellante, dijo ayer, en sus conclusiones, que esto es un caso de “intolerancia religiosa”.
¿Cómo va a demostrar usted que alguien es falso profeta en un país que tiene libertad religiosa?”, expresó.
Gonzalo Castellón, uno de los abogados de Barrantes, reiteró en su exposición que el obispo actuó como era su deber hacerlo al percatarse de lo que sucedía, y agregó que nunca hubo mala intención (dolo).
Añadió que fue la prensa la que empleó términos como “falsos profetas” y no el arzobispo.