De lejos, pareciera ser una camisa de marca. De cerca, también. No pareciera haber razón alguna para dudar de su originalidad.
Lo único sospechoso es su precio: está muy por debajo de lo que, usualmente, se cobra por una prenda de esa marca.
Pero, eso pasa a segundo plano y más de una persona la compra pensando que encontró una ganga, cuando en realidad, lo que se llevó fue una camisa falsificada.
Desde hace unos tres años, los compradores están más expuestos a vivir una situación similar a la descrita, porque la falsificación de la ropa de marca adquirió mucha fuerza en el país, según las autoridades.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comunicó que, desde el 2014, se recibe un promedio de cinco denuncias mensuales. Estas son interpuestas por los representantes de las empresas perjudicadas por tratarse de un delito contra la propiedad intelectual.
Aunque esas quejas vienen de distintas partes del país, es en San José donde más se da, indicó la Policía Judicial.
Ejemplo de esto fueron los allanamientos que realizó el OIJ la semana anterior en siete tiendas josefinas donde, se presume, se vendía mercadería falsa. El valor de las prendas que se decomisaron rondaba los ¢200 millones.
Por su parte, Frankarlo Pessoa, fiscal adjunto de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, detalló que el repunte de las denuncias se dio también porque, desde el 2014, se creó un grupo especializado para investigar estos delitos.
“Antes eran investigados por cada Fiscalía. Lo que ocurría era que, aunque son delitos importantes, hay otros (como homicidios) que tienen una relevancia mayor por el daño social que generan.
”Una vez que la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros se hace cargo de esto, hacemos invitación formal a las empresas a que, si se sienten ofendidas, lo denuncien”, aseguró.
En el caso de los clientes finales, ellos pueden tramitar la denuncia por estafa ante la Fiscalía, o bien, cumplir con un engorroso proceso para quejarse ante la Oficina de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Modo de operar
Tanto el Ministerio Público como el OIJ coincidieron en que el mercado negro de la ropa falsificada tiene dos formas de nutrirse.
La primera –y principal– es que los costarricenses viajan a Estados Unidos o Panamá para comprar una prenda original de una marca específica.
Luego, la envían a un contacto que tienen en China. Ahí, se encargan de “multiplicar” esa prenda y, posteriormente la importan. En ocasiones, también mandan a traer los productos desde Perú y Guatemala.
La segunda manera es fabricar la mercadería en Costa Rica, pero esta es menos común, indicó el fiscal Pessoa.
“Hemos detenido contenedores en las fronteras que traen insumos para la fabricación, como botones y etiquetas. Esto es un indicio importante que indica que se va a manufacturar en el país”, explicó.
Complejidad
Debido a que se trata de un negocio que se desarrolla en el extranjero, el OIJ aseguró que su investigación es “compleja”.
“Hay mucho que determinar. No solo es un tema de si el producto es falso o no, sino que tenemos que tratar de ubicar a los fabricantes; es decir, conocer si (las prendas) vienen de fuera o se producen aquí”, mencionó un agente de la Sección de Delitos Varios del OIJ, quien pidió reservar su identidad.
Entre tanto, el fiscal comparó la investigación por este delito con la del narcotráfico. Apuntó que, luego de que ingresa la denuncia, se coordina con agentes del OIJ para hacer compras controladas.
“Una vez se tenga el producto, se hacen comparaciones con una prenda original. Se pide la colaboración a un perito que sea experto en la marca, para que haga un dictamen”, agregó.
Si la prenda es falsa, el imputado deberá pagar desde una multa hasta descontar cinco años de prisión, según la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
Sin embargo, pese a que las penas están establecidas, la Fiscalía ha logrado solo una condena en los últimos tres años.
Según explicó el fiscal Pessoa, eso se debe a que las partes procuran conciliar en la audiencia preliminar, con lo que se evitan ir a juicio.
“En muchos casos, sucede que llegan a un acuerdo económico y también se decide que se debe destruir el producto porque es falso”, señaló.