EscucharAlcohol, drogas ilícitas y seguridad privada. Esos elementos son cada vez más comunes en las fiestas organizadas por colegiales menores de edad, quienes cobran a sus compañeros por la entrada.
Un caso tuvo lugar la noche del viernes en Rancho Vista Hermosa, sitio turístico ubicado en El Rodeo de Vázquez de Coronado, en San José.
Unos 400 jóvenes de diferentes centros educativos llegaron a la cita; lucían pulseras de colores que demostraban que pagaron por el ingreso y consumían sustancias, fuera y dentro de cuatro cabañas que hay en ese sitio.
Algunos padres de muchachos participantes dieron la alerta a las autoridades, quienes poco pudieron hacer al respecto.
Aunque los administradores del centro estuvieron en la actividad, ellos aseguraron a La Nación que el lugar había sido contratado por padres para un fin distinto y que detuvieron la fiesta cuando esta “se salió de control”.
“Cuando una chiquita me llamó, le dije el monto y todo, pero le advertí de que no se le alquilaba si no venía con los padres. En efecto, a los días vino con los papás”, aseguró Tatiana Zeledón, responsable del establecimiento.
“Me dijeron que era una actividad del colegio (Liceo Laboratorio de Moravia), que eran 120 alumnos. Yo les dije que tenían que venir padres el día de la fiesta y el señor dijo que iba a coordinar que vinieran seis papás”, contó la mujer, quien reside con su familia en un aposento dentro del lugar.
La empleada dijo que los muchachos empezaron a llegar el viernes alrededor de las 8 p. m. con equipos de música y con cinco oficiales de seguridad privada, quienes revisaban a los jóvenes.
“Algunos eran mayores (de edad). Le dije (a la estudiante que gestionó el contrato): ‘¿Dónde están sus padres? Necesito que los traiga’”, narró la administradora.
Agregó que puso fin a la fiesta cuando vio que los vigilantes decomisaron drogas como marihuana y que no había padres. “No duró cuatro horas”, afirmó.
Para ese entonces, algunos padres de familia estaban en las cercanías para llevarse a sus hijos.
Monto. El centro había cobrado ¢300.000 a los estudiantes por el alquiler. Los organizadores vendían cada entrada a ¢3.000.
Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), informó de que estas actividades al margen de la ley son cada vez más frecuentes y que, efectivamente, son organizadas por los mismos colegiales.
“Son chiquillos muy emprendedores, que se han dedicado a hacer estos trabajos”, manifestó.
El funcionario agregó que el uso de drogas también se ha detectado en celebraciones de serenatas, despedidas de grupos o en los llamados encuentros intercolegiales.
“Los padres tienen miedo de denunciar porque podrían afectar la relación con sus hijos o por el bullying que otros estudiantes puedan hacer contra los hijos de los denunciantes”, consideró Alvarado, quien, además, pidió a la ciudadanía alertar de estas situaciones para evitar problemas mayores.
El jefe del ICD dijo que la entidad fue alertada de la fiesta en Coronado el mismo viernes en la tarde, pero que, en ese momento, no se podía coordinar con instituciones vinculadas con el tema, como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Héctor Murillo, jefe de la Fuerza Pública de El Rodeo, comunicó, a través de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, que padres procedentes de Alajuela avisaron a la Policía.
Sin embargo, los oficiales tuvieron limitaciones para actuar por tratarse de una propiedad privada. Los policías entraron a conversar con los agentes contratados y realizaron un informe.
La Nación intentó hablar, vía telefónica, con la directora del Liceo Laboratorio de Moravia, Ana María González, pero no estaba.
Marjorie Castro, directora del Colegio Técnico Profesional de Purral, al cual asiste un estudiante que participó en la fiesta, dijo desconocer lo sucedido. “Me extraña, porque tenemos buena comunicación con los jóvenes. Este colegio ha mejorado mucho”, expresó.
Padres. Tanto el jefe del ICD, como Rocío Solís, contralora de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, insistieron en que los padres deben saber dónde están sus hijos.
“No es posible que muchachos de 16 o 17 años lleguen de madrugada a sus casas. Los padres deben saber dónde están”, dijo Solís.
La funcionaria destacó que las autoridades de los centros educativos saben que deben avisar a la Policía de esos asuntos.
Las autoridades anunciaron que preparan un protocolo sobre cómo atender esos casos. Colaboró el periodista Carlos Láscarez.
