Sucesos

José Manuel Arroyo dice que sentencia de Roy Murillo es ‘razonable’ y está bien fundamentada

Vicepresidente de Corte apoya a juez que ordenó reubicar reos

Actualizado el 11 de octubre de 2013 a las 12:00 am

Acojud censura declaraciones de magistrado Chinchilla por criticar resolución

Grupos temen por independencia judicial si Corte anula fallo y lo declara ilegal

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Vicepresidente de Corte apoya a juez que ordenó reubicar reos

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El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, apoya la resolución del juez de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo Rodríguez, en la que se ordenó reubicar a 370 sentenciados de la cárcel de San Sebastián a otros centros.

En el fallo, Murillo indicó a Adaptación Social que, si no hay campo para esos últimos reclusos, entre todas las prisiones se debe sacar a un número igual de privados de libertad que estén por cumplir la sentencia hacia un nivel semiinstitucional, con obligación de trabajar, tener domicilio fijo y dormir una vez por semana en uno de esos centros, entre otras condiciones.

“Independientemente de que nos guste o no nos guste la medida, es una decisión razonable en medio de la crisis (de hacinamiento) que se está viviendo. Lo ideal sería que no tuviésemos que enfrentar esta crisis y que el sistema penitenciario pudiese manejar con holgura la población penitenciaria que está entrando, pero estamos en una situación crítica y frente a situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias.

”Creo que las medidas están bien fundamentadas y no es cierto que se trata de sacar 370 personas así nomás, sino de aplicar criterios técnicos para agilizar beneficios que ya se están otorgando”.

Los magistrados José Manuel Arroyo (izq.) y Carlos Chinchilla integran la Sala Tercera.  | CARLOS CHINCHILLA
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Los magistrados José Manuel Arroyo (izq.) y Carlos Chinchilla integran la Sala Tercera. | CARLOS CHINCHILLA

Así lo manifestó el magistrado Arroyo ante una consulta de La Nación para conocer su posición sobre la “disconformidad” que manifestó el magistrado Carlos Chinchilla el lunes pasado en Corte Plena, argumento que expondrá en detalle en la sesión del próximo lunes, de acuerdo con la agenda.

Según dijo el magistrado Chinchilla a este medio el lunes pasado, la decisión del juez Murillo no es jurisdiccional, sino administrativa.

“Si decimos que es una decisión administrativa, el órgano superior que puede actuar es la Corte Plena, para que analice y declare la ilegalidad de las disposiciones dictadas por el juez de Ejecución de la Pena por no estar autorizadas por la ley y fundamentado en que esto produce una clara y violenta intromisión en las potestades de otro poder de la República, y esto no lo puede avalar la Corte Plena”, señaló.

Además, a Chinchilla le preocupa que salgan privados de libertad “sin estudios ni controles”, según lo expresó. Su posición también fue compartida por la magistrada Doris Arias.

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Pese a que en reiteradas ocasiones La Nación intentó hablar ayer con Chinchilla y se le dejaron mensajes en su celular y en su oficina, nunca respondió.

Censura. Ante la posición del magistrado Chinchilla, diversas agrupaciones también reaccionaron sobre la presunta afectación de la independencia judicial, censuraron las declaraciones de Chinchilla y se mostraron a favor de la resolución del juez de Ejecución de la Pena.

Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), manifestó: “La resolución (de Murillo) está firme, porque el único legitimado para haber atacado esa resolución fue el Ministerio Público, pero se allanó y estuvo conforme.

”No hay ninguna posibilidad de que en Corte Plena se conozca el contenido jurisdiccional de la sentencia. Yo tengo toda la fe de que los magistrados estén absolutamente claros de que no pueden declararla ilegal”.

Por su parte, los profesores Alfredo Chirino, Javier Llobet, Rosaura Chinchilla y Gustavo Chan, de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, indicaron en un comunicado: “Esta comisión insta, respetuosa, pero vehementemente, a respetar la resolución jurisdiccional emitida y, con ello, a respetar el principio de independencia judicial”.

Ellos aseguraron que la resolución de Murillo es “absolutamente legítima” y producto de las potestades y deberes impuestos al juez de Ejecución en la legislación nacional y la normativa internacional.

Por su parte, el Sindicato de la Judicatura (Sindijud), manifestó: “Las resoluciones jurisdiccionales solo pueden ser cuestionadas mediante recursos, de modo que si lo resuelto por el juez Murillo carece de un medio de impugnación, cualquier intento proveniente de un magistrado de anular tal decisión significaría un desconocimiento del ordenamiento jurídico.

”Así, se alerta a la población costarricense de la posibilidad de una nueva amenaza a la independencia judicial, esta vez proveniente del seno de la Corte Suprema de Justicia”, añadió el Sindicato.

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