EscucharLa Sala IV, conformada por suplentes, rechazó ayer dos acciones de inconstitucionalidad y tres recursos de amparo que detenían el proceso de destitución del magistrado de la Sala I Óscar González, señalado por acoso sexual contra una jueza.
La información fue confirmada por el presidente de esa instancia, Gílbert Armijo, quien dijo que, por estar inhibido, desconoce el fondo de los asuntos.
Armijo señaló que una acción se rechazó de plano y la otra se declaró sin lugar. Los tres amparos fueron declarados sin lugar.
En la sesión de ayer, la Sala Constitucional fue presidida por el juez José Paulino Hernández Gutiérrez.
Los recursos presentados por González impedían a la Asamblea Legislativa tomar una decisión respecto al despido del magistrado. La destitución fue solicitada a los legisladores por la Corte Plena, la cual determinó que el juez es responsable de una falta disciplinaria gravísima.
En una de las gestiones ante la Sala Constitucional, González argumentó que el nombramiento de un magistrado únicamente puede ser revocado mediante el rechazo de su reelección.
Ayer, no fue posible conocer una reacción del juez ni de algún representante.
Caso. Los señalamientos surgieron en octubre del 2012, cuando la jueza Priscila Quirós lo denunció ante la Corte Plena por acoso sexual y laboral. La denunciante afirmó que las agresiones surgieron luego de que ellos terminaran una relación sentimental.
En mayo del 2013, tras conocer un informe de una comisión, la Corte determinó que el magistrado era responsable y le pidió al Congreso que le revoque el nombramiento, pues así lo establece la ley.
Sin embargo, el juez presentó las acciones ante la Sala IV que suspendieron el proceso.
Entre tanto, Quirós llevó el caso a la vía penal y acusó al magistrado de violación sexual.
En setiembre, la Fiscalía presentó una acusación por seis violaciones sexuales. En ese momento, González alegó que el proceso era parte de un “chantaje”.
La Sala Tercera debe decidir si pide a la Asamblea Legislativa el levantamiento de inmunidad.
Proceso. Tras ser consultado sobre el proceso, el presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, dijo ayer que, desde su cargo, se acogerá a un informe del Departamento de Servicios Técnicos.
Ese estudio advirtió a los diputados que, constitucionalmente, el máximo castigo disciplinario para un magistrado es la suspensión y no la revocatoria de nombramiento. Además, concluyó que los diputados solo pueden tener injerencia en expediente penal.
“La posición nuestra es apegarnos y acogernos a la legalidad”, manifestó Mendoza.
No obstante, el diputado dijo que el tema se discutirá cuando finalice el receso legislativo (termina el 4 de febrero) y que se hará lo que decida la mayoría.
