Un convento y dos albergues de niños y ancianos fueron allanados ayer porque, al parecer, los empleados agredían física y psicológicamente a las personas que tenían bajo su cuidado.
Así lo comunicó la Fiscalía de Hatillo, la cual detalló que por este caso, se investiga a dos mujeres, de apellidos Román y Rodríguez, quienes, aparentemente, trabajan en estos albergues. Esas dos mujeres no fueron detenidas ayer.
La entidad detalló que a las trabajadoras se les achacan los delitos de lesiones y de administración fraudulenta, ya que supuestamente no reportaron unas donaciones económicas recibidas.
Los albergues allanados fueron Casa Hogar San Gabriel, en La Unión de Cartago, donde cuidan a ancianos y el Hogar de la Divina Misericordia, en Alajuelita, en San José, donde atienden a 19 menores con discapacidades mentales y problemas físicos, incluso, algunos en fase terminal.
Durante el operativo, la Policía trasladó a los niños que estaban en el albergue allanado a la Asociación Manos Abiertas, ubicada en Desamparados de Alajuela.
Los agentes también intervinieron el Convento Hermanas Magdala, ubicado en Ipís de Goicoechea, donde, en apariencia, se ubica la administración de unos albergues.
En estas acciones policiales, que se hicieron a las 6 a. m., no se detuvo a nadie porque “se debe recopilar y analizar las pruebas”, según el Ministerio Público. Pero las autoridades decomisaron evidencia como expedientes médicos, videos de las cámaras internas y computadoras.
Pesquisa. La Fiscalía confirmó, por medio de un correo electrónico, que las supuestas agresiones se investigan desde el pasado 6 de noviembre.
Ese día, el Hospital Nacional de Niños alertó que atendió a una menor una fractura en el fémur, la cual provenía de un albergue.
“La alerta emitida por dicho centro médico obedeció a que la versión dada por los encargados de la menor no era coincidente con la fractura, por lo que esto parecía más una situación de agresión que accidental”, señaló el Ministerio Público.
Por su parte, Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló que hasta el momento, las únicas prueba que se tiene de las agresiones son fotografías que se adjuntaron en la denuncia.
El jefe policial añadió que las víctimas serán llevadas a la Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores, Heredia, para que se les realicen exámenes y así poder determinar si fueron agredidas.
“El objetivo es que las revisen y se emita un dictamen criminalístico que señale si hubo un factor de maltrato. Como aún no tenemos eso, se decidió no detener a nadie”, explicó.
‘Un atropello’. Un equipo de La Nación visitó el convento, en Goicoechea, y uno de los albergues allanados, en Alajuelita.
En el primero, un guarda de seguridad, que prefirió no identificarse, mencionó que las monjas no estaban en las instalaciones y ellas eran las únicas autorizadas para hablar del tema.
“Andan haciendo un recorrido (no dijo dónde) y sí regresan aquí, pero no le puedo decir en qué momento. No tengo permiso para dar detalles”, comentó por medio de un intercomunicador.
Mientras, en el hogar, una mujer, quien se identificó como Verónica, calificó la situación vivida como “un atropello que tenemos que aclarar”.
Dijo que primero debían hablar con los abogados y aseguró que en el transcurso de ayer, darían su versión. Sin embargo, al cierre de esta nota, no respondió a las llamadas.